Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia de España, para justificar el retroceso que ha cometido con la Ley del aborto, desposeyendo a la mujer del derecho a decidir sobre su maternidad para que otros determinen si puede hacerlo o no en función de unos supuestos legales, acaba de mostrar su verdadera mentalidad durante las intervenciones parlamentarias en las que defendió su propuesta.
En su modelo de sociedad, la mujer es una auténtica mujer si se dedica a engendrar, por lo que considera necesario proteger una maternidad presuntamente amenazada por el derecho al aborto. Resulta que la amenaza no procede de la dificultad que soporta la mujer para compatibilizar vida familiar y laboral, ni de los obstáculos que ponen muchas empresas para aquellas empleadas que se quedan embarazadas, ni de la falta de guarderías que impide a la mujer dejar a sus niños mientras acude al trabajo, ni los recortes que limitan la posibilidad de lactancia y crianza de los hijos a unos padres que han de trabajar o el menor salario que aún perciben muchas mujeres en comparación a los hombres con idéntico trabajo, ni esos techos de cristal que todavía limitan a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad o dirección en cualquier actividad, etc.
Para el ministro conservador del Partido Popular, lo que amenaza a la maternidad es ese derecho que conquistaron las mujeres tras años de lucha y cárcel, jugándose la vida -si les era imposible viajar al extranjero- al ponerse en manos de desaprensivos que, por afán de lucro, realizaban abortos clandestinos en condiciones indeseables. En vez de luchar contra todo eso, Ruiz-Gallardón identifica la supuesta amenaza a la maternidad en el derecho al aborto, por lo que legisla para recuperar una ley de supuestos que deja en manos de “extraños” expertos la decisión de abortar, si se cumplen determinadas condiciones, todas ellas ajenas a la voluntad de la interesada.
Siguiendo el retrógado pensamiento del ministro, si la mujer es más mujer cuando engendra, el varón será más varón si fecunda. Si fuera consecuente con su propia lógica, debería entonces elaborar leyes contra las amenazas a la maternidad que provienen de los dos protagonistas de toda concepción humana. Porque tan peligroso para la maternidad es la mujer que no desea engendrar o quiera interrumpir su embarazo como el varón que se niega fecundar a una mujer fértil. Si se reprime el derecho por un lado, debería prohibirse también por el otro. Claro que, en tal caso, el ministro se vería obligado a perseguir el celibato de curas y sacerdotes católicos y… ¡con la Iglesia hemos topado, Sancho! Si detrás de las manifestaciones vergonzantes de Alberto Ruiz-Gallardón no estuviera sólo un profundo machismo, podríamos pensar que lo que motiva su empresa contra la mujer es simplemente la cobardía que se ceba con la parte escuálida del problema, a la que impone su particular criterio moral. Pero el asunto es más grave porque este miembro del Gobierno intenta moldear un modelo de sociedad homogéneo con su ideología y adscrito a los dictados de una determinada religión, en abierta contradicción con la aconfesionalidad del Estado y las libertades individuales que reconoce la Constitución, al garantizar la diversidad de la sociedad española y la pluralidad de creencias, ya sean religiosas, políticas o culturales
Si realmente su propósito fuera la sincera defensa de la maternidad, el ministro de (in)Justicia español procuraría legislar contra todos los obstáculos que dificultan a la mujer compatibilizar su desarrollo personal y profesional con una maternidad voluntariamente asumida, no por imperativo legal. En cuyo caso, Ruiz-Gallardón tendría que erradicar todas aquellas resistencias laborales, sanitarias, religiosas y sociales que entorpecen su realización como ser humano con capacidad de discernimiento sobre su cuerpo y su lugar en sociedad, al menos con la misma libertad que se reconoce al hombre. Y en el ejercicio de esa libertad, habrá mujeres que engendren cuando quieran y otras que interrumpan un embarazo no deseado, sin que el Estado, basándose sólo en criterios morales que han de reservarse al ámbito privado de las personas, se inmiscuya en tal decisión. Por mucho que la ley quiera determinarlo, la mujer no será más mujer si engendra ni el hombre más hombre si fecunda. Y si el ministro piensa lo contrario, debería penalizar ambas amenazas. ¿Se atreverá a tal cosa el señor Gallardón?
