Muchos estados han gastado mucho dinero. Pero no se han endeudado con inversiones en sanidad, salud o mejoras de las condiciones de la ciudadanía, sino con el reflote del sector privado. No hubo reparos a la hora de emplear el dinero del contribuyente para estos fines y ahora parece que sólo importa la austeridad, limitar el gasto público. Caiga quien caiga.
Las empresas privadas debían cantidades de dinero muy superiores al Producto Interior Bruto (PIB) de muchos países. Invertían en los mercados financieros capital que no tenían y falsificaban sus cuentas para proyectar una imagen de éxito. Pusieron en peligro la estabilidad de la economía mundial y que terminaron por provocar una crisis sin precedentes. En este proceso estuvieron respaldadas por las Agencias de Calificación de Riesgo, que ahora rebajan la nota a la deuda de los Estados y complican su recuperación.
Sin embargo, existe cierta tendencia a creer que la crisis de la deuda pública no es una secuela de la crisis de las hipotecas subprime que se inició en 2008, como si ésta fuera una recesión nueva, independiente de la anterior. Empresas como Lehman Brothers y otros gigantes del sector financiero generaron para sí mismas y sus grandes directivos beneficios millonarios y provocaron una crisis sin precedentes. Si dejamos de relacionar estos hechos con la crisis actual, podríamos llegar a pensar que no son culpables y, por tanto que no deben ser juzgados. Sin embargo, conviene recordar sus actuaciones y sus repercusiones pertenecen al pasado pero no al olvido.
Quienes nunca han condenado a los verdaderos causantes de la crisis de las hipotecas subprime pretenden ahora que los ciudadanos paguen sus consecuencias. Ya no es un problema de grandes empresas, ejecutivos y accionistas, sino de gobiernos, políticos y ciudadanos. Todas las instituciones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la cabeza están de acuerdo. Y los recortes que gobiernos de diferente signo político llevan a cabo en diferentes partes del mundo, respaldan su opinión.
Aquella espiral de codicia nos ha traído a la situación actual. Los Estados Europeos se han reunido un buen número de ocasiones para tratar el tema sin llegar a poner en marcha medidas efectivas. Permanecieron impasibles ante la voracidad de las entidades financieras más poderosas del mundo y se limitaron a pagar la factura.
Gonzalo Bernardos, analista y consultor económico e inmobiliario, defiende que “en la mayoría de países de la UE, el menor crecimiento del PIB en 2011 será principalmente consecuencia de la extrema fragilidad de un sector bancario incapaz de proporcionar a familias y empresas crédito abundante y barato”. Pone de manifiesto que las medidas tomadas no han funcionado.
La opinión ciudadana vale cada vez menos, sobre todo en cuestiones económicas. El rescate financiero a Grecia y su fragilidad económica han traspasado las barreras del país. Sarkozy ha defendido que “es la única vía posible para resolver el problema de la deuda”. Grecia víctima de una crisis económica mundial ha recibido más atención y reprimendas que los responsables del desastre. Los grandes dirigentes mundiales se comportan como accionistas. Están más preocupados de sus intereses en Grecia y de evitar el contagio a otros países que del bienestar de sus ciudadanos. Pretenden mantener su economía en cuarentena, gobernarla desde fuera, como si de un simple problema administrativo se tratase.
La ciudadanía ha de tener claro quién ha provocado la complicada situación en que están envueltos. Deben saber que han pagado y pagan los platos rotos de las acciones de otros. Y tienen derecho a reclamar una forma distinta de hacer las cosas, que no les trate como culpables y que se exploren nuevas alternativas para solucionar su situación.
Javier Fernández Díaz
Periodista
