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El pasado 20 de enero la Iglesia celebró la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2013. El mensaje de Benedicto XVI exhorta a una “solidaridad universal” como principio fundamental de que “todo migrante es una persona que, como tal, posee unos derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”. Sin embargo, este mensaje topa en la práctica con unas políticas y leyes totalmente injustas que están poniendo en peligro el ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano como es el actual proyecto de reforma del Código Penal, así como el Decreto Ley (16/2012) sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de Salud, que más allá de racionalizar el gasto, lo que consigue es dejar sin atención sanitaria a aquellas personas que no disponen ni de documentos ni de medios económicos. Con lo cual, pienso, que ningún ahorro económico por cuantioso que sea, compensará la manera en la que esta medida envilece a nuestra sociedad.
Me pregunto por qué un gobierno afín a la Iglesia católica demuestra esa carencia de valores humanos al emplear semejante táctica política dirigida, prioritariamente, a mantener los privilegios de las oligarquías políticas, financieras y monopolista, en medio de una crisis devastadora que ha disparado las cifras de pobreza y desigualdad en nuestro país ¿Es de suponer que para ser un buen católico basta con ser pro-vida y pro-familia y lo demás no importa? Digo esto porque tampoco me cuadra la reforma de la Ley del aborto del Ministro de Justicia Ruiz Gallardón, sustentada en la teórica defensa del no nacido, donde la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar. De acuerdo; pero me pregunto: ¿y qué pasa con posterioridad al nacimiento cuando son discapacitados? ¿Qué pasa con los derechos que deben ser destinados a estos niños de forma inviolable y personal? ¿Es que una vez nacidos ya no tiene razón ser defendidos? ¡Cómo es posible que se les recorten las ayudas económicas a estas criaturas, por Dios! Según el cardenal Antonio Cañizares la propuesta del Ministro de Justicia sobre la reforma de la ley del aborto para excluir como causa la malformación del feto es «muy razonable» y piensa que es «lo mínimo que se debe hacer». «¡Qué menos!», exclamó en respuesta a preguntas de los periodistas tras pronunciar una conferencia en uno de los cursos de verano de la Universidad Católica en Santander. (Religión Digital) Sin embargo, que yo sepa, monseñor Cañizares no ha exclamado nunca un “qué menos” exigiendo los derechos de estos niños discapacitados. ¿Por qué? ¿Es que acaso esto no es razonable también? ¿No es lo mínimo que se debe hacer?
Yo esperaba que la Conferencia Episcopal Española —a quien se le supone una autoridad moral importante— levantara su voz en contra de estas medidas tan injustas y desiguales que se están llevando a cabo. Pero no. El cardenal Rouco Varela ha levantado la voz para mostrar su confianza y complicidad en que “los recortes económicos y sociales ordenados por el Gobierno contribuyan a mejorar la situación de las personas y las familias para poder superar la crisis”, como dijo el pasado 07/2012 durante el curso de verano de la URJC en Aranjuez. Ni siquiera la CEE ha hecho una llamada contundente a la justicia y a la honestidad de los dirigentes políticos. ¿Por qué ese mutismo, esa incapacidad de la Jerarquía católica para articular un mensaje social decisivo y claro contra tanta injusticia y corrupción política? Cada vez que leo un documento de la CEE o cualquiera de las declaraciones pública de los obispos, las únicas censuras y condenas que encuentro son siempre las mismas: las relaciones sexuales prematrimoniales, métodos anticonceptivos, matrimonio homosexual, divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio de los sacerdotes, el sacerdocio de las mujeres, la fecundación in vitro, la investigación con células embrionarias y la eutanasia. ¿Es que no son capaces de ir más allá? Me gustaría encontrar alguna vez un respaldo a la escuela pública, a la sanidad, a la educación sexista, a las leyes de igualdad de género y a los derechos de toda persona ante la Ley.
Uno puede creer en Dios o no, pero más allá de la religión y de las creencias personales uno siempre debería creer en todas esas organizaciones religiosas que están trabajando día y noche en las trincheras contra la exclusión social, con emigrantes, hambrientos, desahuciados, sin techo y enfermos. Todas esas personas bienhechoras que son parte de la misma Iglesia pero que habitan universos paralelos, son las que en cierto modo salvan la cara a una Iglesia católica cuyo poder ha llegado a usurpar el espacio entre Dios y el hombre.
Se han vulnerado los derechos del niño con discapacidad. Se han vulnerado alegando a la crisis económica que padece este país. Se han vulnerado vilmente mientras los bancos robaban “legalmente” a los ciudadanos y algunos políticos “capacitados” robaban a las arcas públicas con total impunidad. Si en el estudio de la evolución humana ocuparse de los débiles y de los enfermos es un criterio de humanización, ¿podemos concluir diciendo que estamos en una etapa de involución y deshumanización? Me cuestiono y me alarma la naturalidad con la que estas líneas rojas son traspasadas actualmente. ¿Hasta dónde se pretende llegar?
