La política pública de cooperación, manipulada

La cooperación al servicio de intereses comerciales

La política pública de cooperación en España está siendo golpeada de manera persistente y lo poco que queda de ella se entrega progresivamente a la gestión del Ministerio de Economía y Hacienda. Así lo denunciamos durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Volvemos a hacerlo ante la reforma del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) que asestará el enésimo golpe a esta política.

Se trata de una decisión que dará carta blanca a los intereses empresariales sobre los objetivos de lucha contra la pobreza y la desigualdad. La reforma pretende convertir el FONPRODE, un fondo que fue concebido para promover el desarrollo y la lucha contra la pobreza, en un fondo de inversión al servicio de las prioridades financieras y de la internacionalización de las empresas. Lo privado sobre lo público; los mercados sobre las personas.

Si se confirma la reforma, la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES), gestionará estos fondos en igualdad de condiciones con el MAEC. Una cuestión que hace que salten las alarmas puesto que se trata de una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo fin es la internacionalización de las empresas españolas y cuyo capital mixto está formado por accionistas como el ICEX, el ICO, el BBVA, el Banco Santander o el Banco Sabadell.

Esta situación es muy grave no sólo por la línea que marca, sino también por el monto total de fondos que se gestionarán a través de este instrumento. Hablamos de un 20% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, un total de 375 millones de euros para 2014 que quedarán en manos de intereses financieros y empresariales frente a los derechos de las personas. Hablamos de una parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo que no es una donación sino un préstamo que genera deuda y que debe ser devuelto por los países que lo reciben, razón de más para garantizar escrupulosamente que su uso se orienta a la defensa de los derechos de las personas.

Hay que añadir algo muy grave y es la falta de participación y la opacidad con las que se pretende llevar a cabo esta reforma. La propuesta se ha realizado por la puerta de atrás, llegando al Senado sin que haya sido discutida ni en la Comisión de Cooperación del Congreso, ni en el Consejo de Cooperación. De puntillas, sin agentes de la sociedad civil que participen, sin que ni siquiera el equipo técnico de la AECID haya tenido constancia de esta reforma hasta que ésta no ha llegado al Senado. Esta actitud en un proceso de tales características da cuenta del escaso compromiso que el gobierno tiene con la participación de los distintos actores de la cooperación.

La opacidad ha caracterizado no sólo el proceso de reforma sino también todo el recorrido del FONPRODE desde que fue creado tres años atrás. En este tiempo no sólo han sido incapaces de ejecutar su presupuesto, sino que además no han explicado el porqué de esa inoperatividad. Esta opacidad contrasta con el supuesto compromiso del gobierno con la transparencia y, por supuesto, choca de frente con las obligaciones legales que en esta materia ha asumido.

El debilitamiento de la política pública de cooperación y de sus principales actores no  es algo que venga de ahora. El creciente acoso al que se le viene sometiendo en los últimos años está consiguiendo que una de las actuaciones españolas con mayor reconocimiento internacional quede herida de muerte.

Foto: Melderomer

Hace tan sólo cinco meses que Rajoy afirmaba en la ONU que “Nuestro objetivo primordial es la lucha contra la pobreza y la determinación en el logro del desarrollo humano sostenible“; los hechos ya demostraban la incoherencia entre sus palabras y la realidad, y el paso del tiempo continúa acrecentando su incongruencia. Las modificaciones propuestas en la reforma del FONPRODE atentan contra los principios básicos del desarrollo, la solidaridad internacional, la participación ciudadana y la transparencia.

Mientras el gobierno olvida sus compromisos en materia de solidaridad internacional y hace sus movimientos por la puerta de atrás, el 81% de la población española considera la ayuda al desarrollo como un deber moral que ayuda a construir un mundo más justo y sostenible. Si de lo que se trata es de ser actores globales responsables del siglo XXI, el gobierno debería asumir este compromiso que tan nítidamente defienden los ciudadanos y las ciudadanas. Sucede, sin embargo, que a veces los gobiernos no están a la altura de su ciudadanía.