Si hay un tema que está levantando polvos, lodos y todo lo que sea menester en estas últimas semanas es el de la reforma del sistema de pensiones, un asunto sensible, no hay duda, pero que se está tratando de manera errónea al derivarlo al campo político cuando debería de asentarse en el campo puramente técnico y económico.
Puestos a centrar el debate en la demagógica edad de jubilación, porque no es la edad efectiva de jubilación, el retraso a los 67 años, en lugar de los 65 que tenemos ahora parece de todo lógico en cuanto se aplique un mínimo de sentido común a la reflexión. La esperanza de vida en España se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, y en un sistema de pensiones de reparto, en el que los activos de hoy pagan a los jubilados de hoy, el incremento masivo de personas jubiladas y cobrando la pensión es el germen de una sociedad insostenible para los trabajadores en activo, por mucha bienvenida inmigración que nos venga.
Por otro lado, la derivación de nuestra economía hacia el sector servicios ha reducido el número de trabajos de gran esfuerzo físico, por lo que carece de sentido establecer una regla común para una situación minoritaria, y parece más lógico establecer una regla común con excepciones para determinados empleos. No hay que olvidar nunca que la edad máxima de jubilación sólo es una referencia que, en la mayoría de las ocasiones, no se alcanza.
Por tanto, en esos dos aspectos el Gobierno tiene toda la razón y no cabe la disputa permanente de los sindicatos, que en su afán de significarse como defensores de los derechos de los trabajadores se están retratando como meros comparsas de sus propios intereses personales, ajenos a los intereses del país.
Sí estoy en desacuerdo, por el contrario, en la ampliación de los años de cotización para establecer la percepción vía pensión de jubilación, o mejor dicho, en su composición. Puedo aceptar que se recurra a 25 años, en lugar de los 15 actuales, pero es de todo injusto que se establezcan los 25 últimos años de la vida laboral.
Esta medida que tenía un sentido cuando los trabajadores permanecían en la misma empresa durante toda su vida laboral, cobrando, por tanto, cada vez más, pierde toda validez moral y social en el mundo de hoy en día, en el que un trabajador puede cobrar un gran sueldo a los 35 años en una empresa determinada, y pasar a cobrar un sueldo muy inferior a los 50 en otra empresa de otro sector, porque los vaivenes de la economía son constantes y ya nada garantiza que se cobre más en la última etapa de la vida.
Por tanto, ampliación de los años de cotización, aceptable, pero no tomando los últimos, sino los mejores.
En definitiva, el debate de la reforma del sistema de pensiones está viciado desde su inicio por estar en manos de políticos, debidos a sus votantes. La situación ideal establecería una comisión de técnicos económicos que establecieran las condiciones de formalización de las pensiones desde un punto de vista puramente técnico.
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