“no veo, no escucho, no hablo”
El comandante en Jefe del Ejército del Uruguay, teniente coronel Jorge Rosales, dijo que “hay nerviosismo entre los militares retirados por la posible anulación de la Ley de Caducidad”. Esta ley aprobada más de veinte años atrás protege a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Uruguay (1973-1984). No explican por qué se autoimplican de una forma tan explícita en la violación de los Derechos Humanos.
¿Por qué habría yo de estar nervioso porque se juzguen las violaciones a los Derechos Humanos perpetuadas por los arquitectos o los profesores de literatura en mi país o alrededor del mundo? El problema no es que hayan sido profesores, obreros o militares durante la dictadura sino, simplemente, que hayan violado los Derechos Humanos de un solo individuo.
Dentro de esta misma confusión, el General Jorge Rosales afirma que existe una “predisposición del consiente colectivo” hacia las Fuerzas Armadas.
Eso hay forma de solucionarlo. Pero mientras no se sepa quienes cometieron crímenes y nunca lo pagaron con un solo día de cárcel, y ni siquiera han tenido el detalle de reconocerlo o ayudar un poco en la búsqueda de los desaparecidos antes de pedir perdón, entonces la población podrá desconfiar de cualquiera de los militares retirados. Los militares más jóvenes sólo pueden ser acusados de apoyar la perpetuación el silencio y la impunidad, pero hasta ahora nadie los ha acusado de ser responsables de los delitos que se cometieron en el pasado. Ni siquiera se acusa a la institución.
Es decir, que la queja parte de un malentendido que los mismo militares de hoy alimentan, no solo con su silencio sino ahora también con declaraciones muy reveladoras de este tipo.
¿Por qué se insiste en enseñarnos que la paz se puede alcanzar olvidando y perdonando a quienes nunca han sido juzgados y nunca se han arrepentido de nada?
¿O es que en el fondo estamos de acuerdo en que a veces, en determinadas circunstancias, es lícito secuestrar, torturar, asesinar para evitar que otros lo hagan primero pero de forma no profesional?
¿No ha sido acaso ese mismo método (el olvido sistemático, por ley, pro referéndum o por decreto) el que se ha aplicado desde el fin de la dictadura y todavía no han logrado calmar la necesidad de justicia de los familiares de las víctimas?
¿Es que acaso las víctimas deben agradecer “cierto grado” de justicia? ¿Debemos acusarlos de revoltosos o de insaciables porque piden toda la justicia o la misma justicia que tienen otros ciudadanos pertenecientes a otros estamentos sociales? Porque cuando la ley no es igual para todos estamos en una sociedad estamental, como en la Edad Media donde a cada clase social se le aplicaban leyes diferentes; como en las actuales relaciones internacionales donde los más fuertes siempre tienen la justicia de su lado.
¿Cómo explicarles a los jóvenes que la justicia siempre hace descuentos especiales para criminales mayoristas? ¿Cómo explicarles a los más viejos que la paz de los cementerios ha sido honrada con la paz de la injusticia?
