Un juez federal ha declarado inconstitucional la parte de la reforma sanitaria en Estados Unidos que obliga a todos los ciudadanos a contratar un seguro médico. Esa obligación pretendía paliar la falta de una cobertura médica universal y gratuita para todos, como la que garantizan algunos sistemas sanitarios públicos de otros países.
En Europa, han logrado sobrevivir a los embistes de “los mercados”, que presionan a los gobiernos para que reduzcan el gasto público. Los recortes hacen insostenible el Estado de bienestar que luego utilizan como argumento los políticos neoliberales para desmantelar los sistemas públicos de sanidad, educación y pensiones. Sin dinero en las arcas del Estado resulta imposible garantizar derechos reconocidos en las legislaciones internacionales y que obligan a todos los Estados.
Con el fin de ampliar la cobertura sanitaria de millones de estadounidenses, la propuesta final establecía multas para quienes no contrataran un seguro. Para facilitarle la contratación de un seguro privado a 30 millones de personas con pocos recursos, la reforma preveía “controles” de los precios de las pólizas privadas o subvenciones a los ciudadanos… que acabarían en manos de aseguradoras privadas.
Los ingresos por este seguro obligatorio cubrirían a personas que no habían podido contratar un seguro médico privado no por falta de recursos, sino por negativas de las compañías aseguradoras privadas. La causa más común: condiciones médicas preexistentes.
Pero había otras alternativas a la obligación para la gente con pocos recursos de contratar un seguro privado con “ciertas garantías”. Resulta incomprensible que millones de estadounidenses aún crean en las aseguradoras cuando existe información disponible sobre sus prácticas empresariales para maximizar beneficios.
El documental Sicko, de Michael Moore, denuncia muchas de esas prácticas con testimonios y con datos convincentes. Sin embargo, el cineasta recibe críticas por “demagogo”, “populista”, “bolchevique”. Cuestionan la ironía y las formas en su trabajo porque no se atreven a analizar hechos que presenta.
Cada año mueren 18.000 personas por no tener un seguro médico. Pero el drama no sólo radica en aquellas personas al margen del sistema sanitario, sino también en millones de estadounidenses que tienen contratado un seguro con una compañía que luego se niega a cubrir los gastos médicos a los que le obliga un contrato. Se han documentado casos de madres que ven a su hijo morir porque el seguro rechazaba cubrir los gastos de urgencias en un hospital cercano. “El seguro sólo cubre los gastos de hospitales que pertenecen a su red”. Con este argumento, queda confirmada la primacía de “la libertad” de las aseguradoras sobre la vida de las personas.
En otras ocasiones, se niegan a cubrir tratamientos ya aprobados por el médico. “Se trata de un tratamiento experimental”, dicen, aunque la razón que los motiva es otra: hay tratamientos que, por sus costes, reducirían los márgenes de beneficio de las compañías.
Contratan directores médicos a los que les dan primas por cada dólar que les ahorran a las aseguradoras. Como saben que muy pocos asegurados se tomarán el tiempo y el dinero para reclamar, muchas veces niegan ciertos tratamientos por defecto. El estrés de buscar abogados, hacer reclamaciones, cambiar de compañía y tocar puertas para no quedarse en la bancarrota por los precios de los tratamientos no favorece los procesos de sanación. Menos cuando nos encontramos ante personas con un cáncer, problemas cardiovasculares o enfermedades crónicas.
A pesar de esta realidad, los “medios de desinformación masiva” con intereses afines a los de aseguradoras y farmacéuticas que pagan por espacios publicitarios han logrado su objetivo. Se creó una alarma social ante la propuesta de ofrecer seguros médicos gubernamentales para la gente con pocos recursos o con condiciones preexistentes.
También cabía la posibilidad, dentro de la reforma sanitaria, de ampliar la recaudación fiscal por medio de impuestos directos a las rentas más altas, sobre todo a las personas que ingresan más de 100.000 dólares al año en Estados Unidos. Esos fondos terminarían de cubrir los gastos de personas con menos recursos y permitiría la creación de un fondo para personas en situaciones desesperadas, sin ningún tipo de cobertura. De esta forma, algunos hospitales dejarían de meter a enfermos dopados en taxis para que los abandonen a la mitad de la calle porque “no tienen seguro médico”, como denuncia el “demagogo” Moore.
Carlos Miguélez Monroy
Coordinador del CCS y periodista
