Vamos a realizar una pequeña ecuación lógica, que no matemática, si partimos de que un producto que vale 10 ahora lo pagamos por 10,80, debido al IVA reducido del 8%, y si entendemos que tras la subida del impuesto por parte del Gobierno, previsto para el 1 de septiembre, tendremos que pagar por ese mismo producto 12,10, podemos llegar a la conclusión, lógica y matemática, de que de un día para otro se habrá encarecido en 1,30.
Ahora, si extrapolamos este cálculo a la gran mayoría de productos y servicios que consumimos, que son los que han pasado al tipo del 21%, y a ello le añadimos el hecho de que los ingresos obtenidos por las familias españolas son cada vez menores, no podemos por menos que echarnos las manos a la cabeza por la ceguera económica de nuestros dirigentes que han apostado por el pan para hoy y el hambre para mañana.
Si los productos y servicios sufren un incremento de 13 puntos porcentuales vía impuesto indirecto alguien tiene que asumir este sobrecoste. Si lo hacen los consumidores, se verán obligados a consumir menos, debido a su restricción presupuestaria, con lo que se profundizará en la recesión de la economía. Pero si lo hacen los empresarios se verán obligados a ajustar aún más sus márgenes con el riesgo de pérdidas que ello genera, con lo que, de nuevo, se profundizará en la recesión de la economía.
El Gobierno se equivoca claramente al intentar incrementar los ingresos del Estado a través de un aumento de la presión impositiva indirecta, porque lo que consigue por un lado lo pierde por el otro. Debido al incremento del IVA se producirá una pérdida importante de empleo, es decir, menos cotizaciones sociales y más subsidios de desempleo. Se puede incrementar la recaudación en el corto plazo, pero en el medio-largo plazo se produce un efecto negativo contrario.
La lucha contra el déficit del Estado debe de plantearse desde la austeridad máxima en los gastos corrientes, a través de la eficiencia suprema del gasto público, mediante el planteamiento de una carga impositiva justa en la que paguen más los que más tienen y con la garantía suficiente de estabilidad social y económica para que las empresas puedan desarrollar su actividad con plenas garantías.
El Ejecutivo del Partido Popular sube el IVA en lugar de luchar de verdad contra el fraude fiscal, en lugar de gravar como se debe a las grandes corporaciones empresariales y en lugar de recortar, en la práctica y no en la teoría del papel, los gastos corrientes de las Administraciones Públicas. Y lo más triste de todo es que lo hace a base de improvisación y de seguidismo a las órdenes de la Unión Europea, justamente todo aquello que criticó fervientemente durante su etapa en la oposición. Algunos creyeron que cuando gobernaran lo harían de otra forma, pues bien, ¡ahí tenéis las consecuencias de vuestros actos!
