EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
La noticia de que la hija de una concejal del Partido Popular de Getafe, ha utilizado una tarjeta que el ayuntamiento, por lo visto, facilita a sus concejales para poder acceder a Internet, habiéndose gastado la hija, menor de edad, entre 30.000 y 40.000 euros durante 2008, unos 3.000 euros de media mensual, me lleva a reflexionar sobre la necesidad, o no, de que los ayuntamientos y comunidades autónomas, doten a concejales y diputados de todo tipo de tecnología, tales como ordenadores portátiles y de otros medios, entre ellos esto de la tarjeta para acceder a Internet.
En primer lugar, no se para que sirve el que los representantes políticos dispongan de un ordenador portátil, cuando en sus oficinas parlamentarias disponen de ordenadores para poder realizar los trabajos que consideren oportunos. Lo mismo ocurre con los concejales. No obstante es posible que en determinados casos sea necesario disponer de este elemento. Ahora bien, lo que no entiendo es para qué sirve la tarjeta para acceder a Internet. Para nada. En las dependencias municipales cada grupo municipal puede acceder a este medio, bien a través de tarifa plana, o por consumo, con cargo al ayuntamiento, por lo tanto no se comprende muy bien el que los concejales dispongan de una tarjeta para que, como en el caso de la concejala del PP, la utilicen miembros de su familia, en este caso su hija, que por cierto no se porqué insisten en señalar que se trata de una niña de 14 años, de una menor. Eso es lo que se dice, que la tarjeta la utilizaba la niña, vaya usted a saber.
Desde el PP argumentan que la concejal ha sido víctima, una más dicen, de un uso indebido de la tarjeta por parte de una de sus hijas, menos mal que ha sido solo una, y que esto le puede ocurrir a cualquiera. Estoy de acuerdo en que le puede ocurrir a cualquiera, a cualquiera que se lo pague de su bolsillo, no con el dinero de los contribuyentes, en este último caso la concejal debería haber sido tremendamente cauta a la hora de que cualquiera de su familia hiciera uso de la tarjeta. La concejala dice que ella no se percató de que le habían cogido la tarjeta. Lo que si que queda en todo esto es si ha sido la niña o ha sido un adulto. La presunción de inocencia no anula el derecho a la duda.
La concejala ha presentado sus disculpas a los vecinos, dicen que entre lágrimas, por “las molestias y daños ocasionados”, y ha asegurado que ignoraba en todo momento que dicha utilización podría estar suponiendo un alto costo económico. En que quedamos ¿sabía o no sabía que su hija estaba utilizando la tarjera municipal? Estas cosas pasan cuando se dota a la gente de determinados medios, en la mayoría de los casos innecesarios, que pueden generar un alto costo económico, pero que por parecer un tanto nimios no se controlan adecuadamente ni con la debida periodicidad. En este caso se han dado cuenta al final de un largo año.
