El contubernio político-empresarial o la teoría de la puerta giratoria
El trasvase de políticos a las grandes empresas, en el caso de España empresas del Ibex-35 usualmente, es habitual. No debería serlo, porque supone una laxa visión de las incompatibilidades que deberían garantizar una independencia entre los intereses públicos, que afectan a la mayoría de los ciudadanos, y los privados, que sólo interesan a unos pocos. En 2010, un 10 por ciento de los consejeros de las 35 empresas del Ibex eran ex políticos.
Incluso ex presidentes como Aznar o González además de innumerables ministros, reciben generosas retribuciones de empresas privadas, generalmente de las que deberían estar bien reguladas y controladas porque son estratégicas para cualquier país (eléctricas, petroleras, comunicaciones, grandes constructoras). Aznar fichó por Endesa y González por Gas Natural. Angel Acebes como administrador de Iberdrola tras su salida de Bankia, Ángeles Amador en Red Eléctrica, Isabel Tocino en el Banco Santander, José Borrel en Abengoa. Algunos políticos han pasado de lo público a lo privado haciendo piruetas, como Elena Salgado, que fue contratada nada mas dejar su cargo de ministra por Endesa Chile, como si ésta no tuviese nada que ver con Endesa. O David Taguas, que había sido asesor de Zapatero sobre economía inmobiliaria y que paso casi inmediatamente a ser presidente de la patronal inmobiliaria de España. Lo de Urdangarín como generador de contactos para Telefónica no tiene nombre (¿o sí?), pero también a escala mas pequeña como las CCAA ocurre, como el caso de Carlos Escó, marido de Eva Almunia, ex Consejera de Educación del Gobierno de Aragón y ex Secretaria de Educación, quien también recaba en Telefónica. En realidad, es lo de Telefónica, asilo de políticos desamparados, lo que no tiene nombre. Son cientos los políticos, ministros, ex secretarios de Estado y subsecretarios, directores generales y subdirectores, los que pasan directamente a la empresa privada, sin un estricto respeto de las incompatibilidades. Son fichados en su mayoría, no por sus conocimientos de gestión o técnicos sobre la materia, sino porque aportan «relaciones y contactos» a las empresas, lo que puede derivar en un conflicto de intereses entre lo público y lo privado y desde luego la utilización en beneficio privado de información privilegiada.
Esto era lo normal, si por normal entendemos frecuente, que no legítimo ni admisible, hasta el gobierno de Rajoy. La puerta ha dado un giro de 180 grados y por primera vez se han invertido los papeles; ahora son personas vinculadas a intereses de grupos financieros y empresariales los incorporados al Gobierno. El nuevo Ministro de Defensa, que en su anterior gestión durante el gobierno de Aznar, impulsó uno de los mayores programas de gasto militar de la historia de España dejando una deuda de 30.000 millones, tiene una larga relación con empresas de armamento: fue Presidente en España de MBDA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo; de Segur Ibérica y de Kuitber, consultora del sector de la defensa y la seguridad; ex consejero de Aritex, empresa de componentes para el A400M; de Instalaza, de Gamo Outdoor, entre otras, todas ellas ligadas al sector de defensa y seguridad.
Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad fue presidente ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers, y luego pasó a ser responsable de Servicios Financieros de PricewaterhouseCoopers. Ahora toma decisiones en buen número relacionadas con asuntos de sus anteriores actividades, como las relativas a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la que Lehman Brothers intervino en su día de manera muy discutible. El Secretario de Estado de Hacienda era socio de fiscalidad internacional de PricewaterhouseCoopers, donde llegó a ser director financiero. El nuevo secretario General del Tesoro también proviene de Lehman Brothers, donde era responsable de financiación del sector público. Abundantes cargos actuales tienen esta procedencia.
También ocurre a escala europea. No es casual que antiguos directivos de Goldman Sachs y otros grandes bancos ocupen ahora la dirección del Banco Central Europeo, la división del FMI para Europa y la Agencia Griega de Deuda Pública, además de las presidencias de Grecia e Italia. No es casual porque se trata de dirigir y decidir sobre intereses inmediatos y futuros de la banca, y en particular con actividades realizadas por Goldman Sachs en Europa años atrás. No es de extrañar así que el principal objetivo de la Troika sea salvar a los bancos a cualquier precio, especialmente alemanes, incluidos precios inasumibles por los ciudadanos.
Si ya la presencia de ex políticos en las empresas privadas estratégicas conlleva un plus de riesgo para la confusión del interés público con el privado, la presencia de representantes de la banca o de grandes corporaciones empresariales en un gobierno multiplica el riesgo. De hecho, los mas graves casos de corrupción vienen produciéndose allí donde se produce una confusión entre los intereses públicos y privados. Por eso, en el régimen de incompatiblidades «de ida y vuelta», de la política a la empresa y viceversa, deberían establecerse rigurosas normas de incompatibilidad en campos colindantes y por un tiempo mínimo superior al actual.
Uno de los significados de contubernio es alianza secreta, ilícita y reprochable. Está puesto a conciencia. Identificar los intereses de la banca con los de la ciudadanía no es una inferencia casual ni inocente.
