El activo imprescindible para producir alimentos es la tierra, y se está agotando. Las disputas por su dominio aumentan. La producción de alimentos compite con la de biocombustibles, con la industria o con la urbanización. Allí donde hay escasez hay una oportunidad, y los tiburones financieros son rápidos para convertir la oportunidad en beneficio. Numerosos fondos de inversión, fondos soberanos e inversores institucionales están adquiriendo tierras de cultivo en países empobrecidos, a expensas de las personas que viven en esas tierras y que dependen de ellas para su subsistencia.
Muchos gobiernos y élites económicas en países en desarrollo ofrecen grandes extensiones de tierra a precios regalados y entre sospechas de corrupción. Empresas e inversores compran para especular, mientras que los gobiernos de países que consumen más de lo que producen se apresuran a garantizarse el suministro. La carrera comenzó en 2008, con la crisis del precio de los alimentos, y no ha perdido fuerza desde entonces: las inversiones en tierra africana durante el año 2009 superan todo lo invertido en los 22 años anteriores. Oriente Medio está entre los principales inversores en tierra y en agua africanas, pero en esta carrera no están solos.
En noviembre de 2008 salía a la luz la intención de la compañía surcoreana Daewoo Logistics de arrendar durante 99 años 1,3 millones de hectáreas en Madagascar, una superficie equivalente a la mitad del tamaño de Bélgica. La filtración de la noticia provocó una grave desestabilización social que contribuyó al golpe de estado que derrocó al gobierno de la isla en marzo de 2009. El nuevo gobierno declaró inconstitucional el contrato con Daewoo.
Una investigación realizada por la International Land Coalition, Oxfam y otras organizaciones ha identificado más de 1.200 acuerdos sobre tierras que están siendo negociados o que ya han sido completados. En conjunto, abarcan 80 millones de hectáreas desde el año 2000 (la gran mayoría de ellos después del año 2007). Cerca del 60% de las tierras identificadas estaban en África.
Esta reciente explosión internacional por el acaparamiento de tierras no hace sino reproducir una desigualdad estructural del sistema alimentario que ya nos resulta familiar. En Estados Unidos, el 4% de los propietarios posee casi la mitad de toda la tierra agrícola. Como veíamos ayer, menos del 8% de los propietarios guatemaltecos posee casi el 80% de la tierra, una cifra que no es atípica para América Central en su conjunto. En Brasil, el 1% de la población acapara la mitad de la tierra cultivable.
Cuando los gobiernos fracasan a la hora de ofrecer a su población un acceso seguro a la tierra, las poderosas élites económicas de dentro y de fuera del país pueden pisotear a las comunidades locales. En los recientes casos de compras de tierra a gran escala, las expropiaciones son la regla; el principio de consentimiento libre, previo e informado se ignora de forma sistemática; y la compensación suele ser demasiado baja, si es que se llega a pagar algo. Las promesas iniciales de desarrollo y empleo se suelen evaporar: la tierra puede permanecer improductiva o la inversión ser altamente mecanizada, ofreciendo escasos puestos de trabajo y solamente a la mano de obra más cualificada.
Así que nadie se sorprendió demasiado cuando el Banco Mundial explicaba en un ambicioso informe publicado recientemente el modo en el que los inversores buscan aquellos países con instituciones y reglas más débiles. Al fin y al cabo, se trata de una cacería, ¿no?
Teresa Cavero
Coordinadora de Estudios de Intermón Oxfam
