España es un país de fuertes contrastes y manifestaciones radicales. Hacemos procesiones de Semana Santa o mostramos un anticlericalismo trasnochado. Parece que tenemos una incompatibilidad innata con lo templado y razonable. Ejemplo reciente: ahora todo el mundo culpa a las autonomías del vacío de nuestras arcas públicas y, prácticamente, la consideran como la clave de todo el desgobierno que nos gobierna. Sin embargo, en los primeros años de la democracia, la gente se manifestaba masivamente pidiéndola con vehemencia, con el convencimiento (casi la fe) de que autonomía y democracia eran la misma cosa o, al menos, de de que no se podía dar una sin la otra. Uno de los eslóganes más socorridos de las manifestaciones era: “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”. Esto quiere decir que esta forma de organización territorial se situaba al mismo nivel, nada menos, que el de los valores democráticos fundamentales (libertad) y la reparación histórica a las injusticias del régimen anterior (amnistía). Con lo cual se consideraba a la autonomía, no como un sistema de organización territorial conveniente pero alternativo a otros posibles, sino como una de las columnas maestras donde se sustentaba nuestra joven (entonces) democracia.
Y lo que se dio en la calle, en la opinión pública masiva, también fue una tesis sostenida por la elites políticas e intelectuales, con escasas excepciones. El catedrático de Sociología de la Universidad de Granada y prohombre de la UCD, Antonio Jiménez Blanco, escribió que los cuatro pilares fundamentales en los que se basaba nuestro cambio político eran: “la libertad, la democracia parlamentaria, la Corona y la autonomía”. Hombres de primera fila del ámbito jurídico apoyaron y teorizaron sobre la idea: Miguel Herrero, Antonio Hernández Gil, Plácido Fernández Viaga, Manuel García Pelayo… y una lista que podría fácilmente alargarse. Mención aparte merece el padre intelectual de la criatura (el abuelo quizá fue Ortega, cuyas tesis de La España invertebrada fueron defendidas, con poco éxito por cierto, en los debates previos a la Constitución de 1932) el maestro del Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría. Un hombre fundamental en estos años fue el político sevillano Manuel Clavero, que presionó a su partido, en el gobierno, para que Andalucía accediera a una autonomía plena, como las de las comunidades “históricas”, con lo que abría la puerta a un autonomía general (el famoso “café para todos”).
Si la opinión estaba extendida y suscitaba un acuerdo casi general, hay que afirmar también que los constituyentes de 1978 no se inventaron el problema territorial de España y sus consiguientes tensiones. Que este tema hubiese estado 40 años en un letargo forzoso no quiere decir que no existiera. Es una corriente que atraviesa la historia de España desde los reinos medievales y que, en algún momento, como la I República, se desboca en una riada incontrolada.
Con todo esto vengo a decir que las autonomías no fueron una ocurrencia de Suárez y Abril Martorell presionados por los nacionalistas. Fue algo más profundo y complejo, que respondía a unas tensiones históricas seculares.
¿Resolvió el sistema autonómico el problema territorial español, tanta voluntad colectiva, tanto trabajo político ilusionado y altruista, tanta generosidad no correspondida han servido para mucho, han servido para algo? A la vista de un panorama que nos muestra a los nacionalistas catalanes amagando con un referéndum secesionista y a los radicales vascos gobernando instituciones y planteando abiertamente la ruptura de España, la respuesta es tristemente negativa. El estado de la autonomías no ha resuelto las tensiones territoriales de España; es más: paradójicamente, las ha agravado, llevando las tensiones hasta un extremo no sostenible.
¿Qué hacer? Pues la verdad es que no lo sé. Si la mejor cabeza del siglo XX español, la de Ortega, se equivocó en este punto, ustedes dirán lo que este modesto plumífero puede decir.
