Ya iba siendo hora de que se le diera un carácter oficial al debate de la cuestión de si las diputaciones provinciales son necesarias o deben desaparecer. De hecho esta controversia solo había tenido un tratamiento oficioso entre políticos y en la exposición de opiniones sobre tal cuestión por parte de muchos ciudadanos.
Ha tenido que ser Alfredo Pérez Rubalcaba, quien lo plantee manifestando muy clara y razonablemente que “son una cuarta administración” que “sobra”. Las diputaciones provinciales tenían razón de ser cuando existía el centralismo del Gobierno en Madrid y por tanto la Administración Pública estaba bastante alejada de los pueblos y ciudades y en particular de los pueblos más pequeños, pero ahora, con el acortamiento de las distancias con los gobiernos hoy autónomos, y por tanto liberados del centralismo de Madrid, el acercamiento a esas pequeños pueblos con respecto a los poderes decisorios y necesarios a la hora de recabar ayudas se centra dentro de la misma comunidad con lo cual la relación entre ayuntamientos y ente autonómico es más fluida y totalmente exenta de esas dificultades de entendimiento y de conocimiento que antaño existían. Queda claro que las diputaciones provinciales ya no son necesarias y por tanto procede eliminar una cuarta administración que solo produce más gastos a costa de los contribuyentes.
Ante lo dicho por Rubalcaba, en el Partido Popular se han apresurado a decir todo lo contrario pero su alegato no se sustenta, todos, en todas y cada una de nuestras provincias, sabemos lo que son y para qué sirven actualmente estos entes provinciales. Son simples centros de acogida para todos aquellos políticos que estén en situación transitoria o bien en el ocaso de su vida política. Hoy las diputaciones provinciales solo sirven para “enchufar” a todos aquellos que se han quedado sin un puesto ya sea como concejales, diputados, senadores o hayan pasado a desempeñar cargos orgánicos dentro de su propio partido, de eso en la provincia de Alicante tenemos testimonios más que constatados, aún tenemos fresca en la memoria aquella “buena obra” de dar de comer al hambriento que llevó a cabo el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que pasó a engrosar las filas de buscadores de empleo y del cobro del subsidio por desempleo, ya le han “encontrado” “colocación” con un sueldo de 4.000 euros mensuales, los hay con suerte, cuando “amparó” dándoles “trabajo·, más bien un sueldo, como “asesores” y “cargos de confianza” a 70 miembros del PP (Ver Información 01-06-2011) todos ellos zaplanistas convictos y confesos, que fueron represaliados por Francisco Camps, cuando este sustituyó a Zaplana al frente del PP valenciano y de la presidencia de la Generalitat. ¡Setenta! nada más y nada menos. O para quienes ni tan siquiera soñaron con percibir tanto dinero por su trabajo habitual, si es que alguna vez lo ejercieron, como la presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco, que se ha asignado un sueldo de 80.000 euros anuales, después de habérselo “puesto al día” con un aumento del 13,7%. 13,3 millones de las antiguas pesetas al año, más de un millón de pesetas mensuales, eso contando con que no perciba las dos pagas extra que seguro que también las cobrará. Aquí en la provincia de Alicante los salarios de los diputados oscilarán entre los 65.000 y los 75.000 euros anuales. Por cierto, aquí en Alicante hay concejales y alcaldes del PP que a la vez son diputados provinciales, que ante sus ciudadanos se han dado el “pegote” de que no van a cobrar sueldo alguno en sus respectivos ayuntamientos y que lo cobrarán de la Diputación, del dinero del contribuyente, estos no le ahorran nada a nadie, en el caso de la alcaldesa popular de Elche, Mercedes Alonso, también diputada provincial, va a cobrar 17.000 euros más al año que si percibiera sueldo municipal. Sería muy conveniente que desde el Partido Popular nos dijeran si es por todas estas cosas por lo que defienden la supervivencia de las diputaciones provinciales y al propio tiempo nos aclararan cual era la profesión que ejercía la presidenta de la Diputación Provincial de León, creo que todos nos quedaríamos boquiabiertos si así lo hicieran.
Una cosa si está clara y no es otra que la de que si se eliminan las diputaciones provinciales cuya rentabilidad y gestión es nula por haber quedado totalmente obsoletas, los contribuyentes nos ahorraríamos mil de millones de euros. Y los tiempos no están precisamente para ir por ahí tirando el dinero para mantener lo que al fin y a la postre son solo centros de acogida para atender a políticos en fase terminal, o simplemente para lucrarse personalmente.
