Vaya por delante que en el mundo de hoy en día el lugar que se elige para recortar determina la ideología que se ostenta, más allá de la demagogia populista que pueda conseguir más o menos votos. Así, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido recortar en educación, habrían podido hacerlo en otra partida pero se han decantado por ésta, cuestiones ideológicas, como te decía.
Sin embargo, estas cuestiones de pura ideología se han confundido con una serie de mentiras y otra serie de verdades que se han entremezclado por ignorancia de los que explicaban y mala intención de los que escuchaban. Vayamos por partes. La implementación de dos nuevas horas lectivas al profesorado no significa simplemente dos horas, ya que cada hora lectiva implica un tiempo de preparación, otro de corrección y otro, no menos importante, de tutorización, por tanto, cuando los Consejeros autonómicos hablan de que no entienden el enfado de los profesores por tan sólo dos horas más de trabajo, yo me pregunto si es que no entienden o no quieren entender, siendo lo primero un problema de inteligencia, sin más, pero lo segundo una cuestión de cinismo recalcitrante.
Los profesores se enfadan, y con razón, porque este incremento de dos horas lectivas afecta a la calidad de la enseñanza pública, que con menos recursos tendrá que hacer lo mismo, cuando lo más fácil hubiera sido una congelación salarial o, incluso, un recorte en algunos complementos extras de los profesores, que les hubiera enfadado igual, no lo dudo, pero al menos no hubiera afectado a la calidad de la enseñanza que, al final, es lo único que debería de importarnos a todos.
Y yo me enfado, y con razón, o no, poco importa, porque partidas presupuestarias hay decenas y la educación sólo es una de ellas. No entiendo como los gobernantes autonómicos no se plantean la eliminación de los gastos de comunicación, por ejemplo, o los gastos en fastos públicos, o en flota de vehículos, pero de los suyos no de los de los servicios públicos.
Pero no podemos perder de vista que el verdadero problema, la génesis de esta situación proviene del atropello al sentido común que supone la transferencia de competencias en materia de educación a las Comunidades Autónomas, una transferencia que debería de recuperarse de ipso facto para asegurar que un bien público de la importancia de la educación se ofrece en las mismas condiciones a todos los habitantes del Estado español. Cualquier otro invento no deja de ser una amalgama de intereses creados en favor del mejor postor y acabará condenando a la educación pública en favor de la educación privada.
