En el ambiente político periodístico se registra desde hace un tiempo prolongado un estado de silencio cómplice con el drama reinante en los espacios académicos. Ninguna autoridad política partidaria ni periodista de investigación ha afrontado indagación alguna sobre el estado de la investigación científica del país. Ninguno de ellos se atrevió a destapar la Caja de Pandora de los organismos de ciencia a los efectos de recabar información acerca de la salud física, moral e intelectual de la comunidad científica argentina.
Como es harto sabido, entre las condiciones determinantes para el despegue de una sociedad moderna, la salud moral es el capital simbólico más valioso de una comunidad académica. Por salud moral se entiende la presencia activa de un conjunto de valores y de comportamientos, virtuosos y ejemplares, individuales y grupales, que fomenten el más amplio despliegue de las libertades de pensamiento, conciencia e investigación, pilares fundamentales para garantizar la excelencia de la creatividad científica.
Paradójicamente, en este tema tabú, tan vital para el desarrollo cultural, los políticos opositores y los periodistas críticos nada han expresado ni denunciado (de eso no se habla), a pesar de existir serios elementos que prueban la gravedad institucional del caso, entre ellos el fantasmal clima de miedo y persecución existentes (por el rechazo de Informes, negación de promociones, ninguneo en las publicaciones, etc.), cuyas evidencias adjuntamos en los respectivos vínculos o links electrónicos. Por el contrario, algunos periodistas filósofos como Santiago Kovadloff, en forma desembozada y a pesar de su retórica de alambique, aduló sin eufemismos la gestión del Ministro Lino Barañao, el martes 15 de abril del corriente año, en el programa televisivo de Alfredo Leuco “Le Doy mi Palabra”,
Más aún, el periodista Leuco quedó encandilado por la hojarasca verbal y aplaudió con vehemencia los sospechosos y laudatorios juicios de Kovadloff, sin emitir objeción alguna que pudiera alumbrar, con sobriedad republicana, la agenda oculta de un potencial y encubierto continuismo. Pareciera ser que ambos, Kovadloff y Leuco, están embarcados en una suerte de operación periodística (inserción de un chivo o publicidad encubierta) para avalar la perpetuidad de una política científica, pretendiendo para ello ignorar que Barañao antes de ser Ministro fue el responsable de malversar y distribuir dolosamente 1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del BID, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT) entre 2003 y 2007.
Dicha distribución fraudulenta –en menoscabo de la infraestructura científica del país (bibliotecas, laboratorios, museos, archivos, centros de documentación y escaneo, etc.)– fue practicada por los Coordinadores de Comisiones, elegidos por el Directorio de la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica (ANPCYT), en beneficio directo y simultáneo de sus propios y personales proyectos de investigación. Por otro lado, este medio centenar de desleales funcionarios, identificados con nombre y apellido, han venido manipulando en connivencia con las autoridades del CONICET y otros organismos científicos toda suerte de canonjías, léase subsidios, premios, becas, viáticos, licencias, avales, dirección de becarios, autorizaciones de asesorías y consultorías y promociones escalafonarias; así como convalidando conexiones privilegiadas con editoriales públicas y privadas y turbios manejos con las patentes de invención ligadas con los laboratorios. Estas prácticas han sembrado en lo que resta de la comunidad científica un temor y un vasallaje indignos de una ciencia argentina que presume de democrática.
Los mecanismos de constitución y selección de dichas comisiones y la distribución fraudulenta de los subsidios de investigación fueron denunciados en sede judicial y el expediente correspondiente fue archivado por el Juez Federal Marcelo Martínez de Georgi apenas se produjo el triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner (octubre de 2011). En su sentencia el Juez admitió un solo testigo, que a la postre resultó ser falso (el testigo Lic. Carlos E. A. Cassanello es un jerarca del FONCYT, perteneciente al organismo imputado ANPCYT, y cuyo parentesco con el Juez Federal Sebastián Casanello desconozco). La sentencia fue confirmada a fines de ese mismo año por la Sala II de la Cámara Federal Penal (Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah).
En la constitución de esas comisiones han prevalecido prácticas y coartadas preñadas de endogamia, nepotismo, reciprocidad clientelar, y otros vicios aciagos como el encubrimiento, la extorsión y el soborno, este último para encubrir la venta venal de las patentes de semillas transgénicas, operación practicada por el Directorio del CONICET, denunciada ante el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría, y que por cierto también fue archivada.
Practicando un colaboracionismo político tan grave como el de las dictaduras de Ongania y Videla, estos miembros de comisiones asesoras, carentes de autonomía e independencia académica, han hundido a la población científica en la obsecuencia más humillante. Han logrado que todos callen y que nadie se atreva a alzar su voz crítica. De ese modo amenazante y ultrajante, en lugar de generar una comunidad científica poseedora de una dimensión moral y ciudadana han consagrado una grey macdonaldizada, es decir burocratizada, silenciada y atemorizada, que ha favorecido a una minoría de investigadores inescrupulosos y a intereses económicos como el de las multinacionales agro-químicas, extendiéndose el daño moral consiguiente como si fuera una nube tóxica, que se derrama por todos los andariveles de la docencia hasta la misma escuela primaria.
En conclusión, el periodismo y los políticos argentinos, y en particular los periodistas Kovadloff y Leuco, nos adeudan una profunda autocrítica sobre su actuación en lo que hace al desarrollo de la investigación y la docencia; y entre sus obligaciones como periodistas independientes deberían otorgarnos el derecho a réplica; y exigir una CONADEP de la corrupción que incorpore la protección de los derechos de la comunidad científica y educativa y no bendecir la impunidad de los funcionarios corruptos (como ocurrió con el continuismo de Cavallo en la Alianza). Para ello, dicha CONADEP debería incluir la inmediata reapertura de los casos de marras desarchivando las actuaciones judiciales mencionadas. El activo consentimiento del desempeño del Ministro Barañao por parte de los periodistas Kovadloff y Leuco me eximen de mayor prueba, y enciende la alarma por el presente y futuro de la creatividad científica, la libertad de pensamiento y el contenido académico de la docencia argentina.
