La famosa Ley Sarkozy de intervención de los enlaces peer to peer (P2P) en Francia y la reciente campaña del ministerio español de Cultura “Si eres legal, eres legal” han levantado un sarpullido de insultos y críticas contra la administración pública y las sociedades de gestión de derechos de Aitor por parte de internautas y defensores de la cultura libre. El debate del P2P contrapone la propiedad intelectual con el derecho a la privacidad y a la difusión libre de contenidos. SINC habla con representantes de ambas partes que respaldan sus posturas.
“No fue el top manta, ni el P2P, a la cultura la mató El Corte Inglés”, cantaba el pasado 20 de diciembre un grupo de internautas manifestándose frente a la sede del PSOE. El acto, convocado por la asociación Hacktivistas, consistía en descargarse allí mismo obras protegidas con copyright para demostrar que no se trataba de un acto ilegal. “Si no es legal, ¿por qué la policía que controla la manifestación no nos detiene?”, declaraba a SINC uno de los organizadores. “Probablemente porque ellos también descargan en sus casas y se solidarizan con nosotros”, puntualiza.
“El mercado español tiene un límite de saturación de productos, la industria no puede producir todos los discos o libros y tienen que rechazar los que no van a reportar grandes beneficios”, indica Sergio Ballesteros, portavoz de Hacktivistas. “A estas obras la sociedad no puede acceder, como ocurre con las que no se editan en España y eso es bloquear la cultura”. Ante este límite, la comunidad internacional de internautas suben la obra a las redes de pares sin consentimiento del autor.
Este acto, condenado por las sociedades de gestión porque es ilegal, en ocasiones, ha sido bendecido por artistas. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, cuenta el caso del cubano José Feliciano, quien “no editó uno de sus discos en España pero comprobó que el público de Barcelona sabía sus canciones cuando vino a dar un concierto”. Según Internautas, el P2P “ayuda a difundir la obra” y la tendencia actual es que sean los mismos artistas quienes suben sus canciones a las redes de pares.
La autorización del autor
¿Sería entonces ilegal descargarse una obra que el mismo autor ha colgado en inetrnet? Los defensores de la cultura libre lo niegan rotundamente. “Funciona de manera similar a los grupos que dejan descargar un par de sus canciones en su MySpace, o quienes registran su obra con una licencia copyleft, pues el autor permite voluntariamente la descarga”, cuenta Javier de la Cueva, abogado especializado en el derecho en internet.
En las redes P2P circulan también software libre, trabajos propios y archivos de música copyleft. Sin embargo, lo que más abunda son audiovisuales y libros con licencia copyright. “Subir archivos contra la voluntad del autor es ilegal y, además, si artista quiere ver difundida la obra, puede utilizar el MySpace”, reclama el presidente de la patronal discográfica española Promusicae, Antonio Guisasola, quien piensa que el bloqueo a la difusión a la cultura es falso cuando el trabajo no se edita en nuestro país, “porque tenemos portales legales como Amazon o iTunes donde podemos encontrar todo tipo de obras internacionales”.
El ánimo de lucro
El Código Penal español entiende que el derecho de la propiedad intelectual se viola cuando alguien aprovecha la obra de otra persona para lucrarse pero, según David Bravo, jurista experto en propiedad intelectual en internet, “el P2P nunca es delito desde que una reciente sentencia judicial de la Audiencia Provincial (AP) de Cantabria estableció como requisito que ese lucro sea comercial”.
‘Delito’ es una palabra polémica que Guisasola distingue de ‘ilegal’: “la sentencia dice que la actividad no es delictiva y todo el mundo lo puede hacer, como saltarse una señal de tráfico, pero es ilegal”.
“El archivo descargado es una copia privada que no se exhibe ni se vende a nadie para ganar dinero, sino para el disfrute personal”, comenta el presidente de la Asociación de Internautas, quien no entiende la alarma social porque “la copia privada la hemos hecho toda la vida; cuando no había CDs, todo el mundo grababa directamente de la radio en cassettes”, apostilla.
Pero las sociedades gestoras alegan que el hecho de no pagar por un bien supone un beneficio porque no se gasta dinero. “No obstante, uno de los fundamentos de la sentencia de la AP de Cantabria interpreta que el lucro comercial ‘excluye el mero beneficio de ahorro obtenido por el sujeto’”, resuelve David Bravo.
Las últimas denuncias a sitios de descargas como Manolito P2P o Sharemula por la vía judicial han sido desfavorables a las sociedades de gestión. Por eso se están abriendo otras nuevas por la vía civil que piden el cierre de estos portales y una indemnización. “El problema de este país es que los juzgados funcionan muy lentos y tal vez hasta dentro de tres años las denuncias actuales no lleguen a resolverse”, se lamenta Guisasola, de Promusicae.
¿Qué equilibrio puede haber para proteger las obras con copyright?
Al final de su presidencia en la Unión Europea, el francés Nicholas Sarkozy propuso instaurar en toda la comunidad el mismo sistema de intervención en las líneas de Internet, que va a empezar a funcionar ahora en Francia. Con esta ley anticipatoria se pretende que las propias compañías que suministran el acceso a la red se encarguen de avisar y finalmente bloquear internet a aquellos clientes reincidentes en el uso de programas P2P. Se trata de un procedimiento sencillo ya que los puertos y protocolos que utilizan los programas P2P son fácilmente identificables.
Pero el método, que actualmente se está planteando en España, ha alarmado a los usuarios de internet. El abogado Javier de la Cueva la compara con la preventiva “ley de vagos y maleantes de cuando Franco” y critica que no se puede cerrar el grifo cuando no saben qué tipo de contenido compartes. “Esto es como el canon digital en el que, sin saber qué uso vas a hacer de un ordenador o una grabadora, te mandan pagar una cantidad por si acaso”, compara el abogado, quien ironiza: “Si siempre se va a sospechar de nosotros, pongamos entonces un canon al matrimonio en favor de las mujeres maltratadas”.
Según de la Cueva, la Ley Sarkozy no puede restringir internet a un usuario sólo porque utiliza los puertos destinados al peer to peer, sino que el procedimiento de detección llega mucho más lejos: “La única manera técnica para verificar si alguien está descargando algo protegido es interceptar el mismo archivo y visionarlo”. No importa a qué aluda el nombre del archivo porque cualquiera, incluso uno con un código alfanumérico aleatorio es susceptible de ser revisado.
“¿Y qué ocurre si grabas un juicio y se lo quieres pasar a un compañero abogado de otra ciudad? ¿No puedes utilizar la redes de pares para ello?”, protesta Javier de la Cueva. “A mí no me apetece que lo vean y esta interceptación es gravísima porque para descubrir una posible ilegalidad vulneran derechos de mayor jerarquía que son los de privacidad y libertad, ambos derechos fundamentales del hombre”, desaprueba el abogado, quien previene: “no olvidemos que la vulneración de los derechos fundamentales es de regímenes totalitarios”.
Guisasola, por su parte, contesta que se trata de un método “legítimo y razonable ya que cuando se contrata el ADSL se acepta unas condiciones de uso legales”. Además, según el presidente de Promusicae la ley Sarkozy no atenta contra la privacidad pues “las redes P2P son cualquier cosa menos privadas ya que el Tribunal Supremo en una sentencia reciente contra e-Mule indica que todo el mundo asume que lo que se comparte está abierto a todos los que están conectados y si miro algo es porque otro lo ofrece”.
Críticas similares a la ley francesa aparecen cuando se menciona la reciente denuncia a la SGAE, quien se introdujo en una boda ajena para grabar con una cámara oculta y demostrar que se utilizaba su repertorio sin permiso. “Lo peor de todo esto es que la actual campaña antipiratería del Ministerio de Cultura es cómplice de esta sociedad de gestión que se entromete en ambientes privados”, se lamenta el experto Javier de la Cueva. La operación “Si eres legal, eres legal” pretende sensibilizar a la ciudadanía de que la descarga de archivos de música o videos en internet es un delito penable.
Antonio Guisasola legitima esta campaña “porque es la misma que hacen los ministerios de cultura de todo el mundo”. Para el presidente de Promusicae “son los internautas quienes manipulan a la opinión pública porque están construyendo un lenguaje equivocado: que la SGAE se lucra con el dinero de los otros cuando se trata de una fundación, que las descargas son legales cuando no lo son…”.
De la Cueva, en cambio, replica que “con la hipocresía y la corrupción política en este asunto, mientras nos cuentan las bondades de las restricciones, la campaña de ‘Si eres legal eres legal’ está alojada en un servidor, que al igual que el servidor de la SGAE y del ministerio del Cultura son servidores copyleft”.
