Que el Gobierno de España está en situación de insolvencia es un hecho económico innegable, pues debe hacer frente a una serie de obligaciones importantes y no dispone de suficientes recursos financieros para conseguirlo. Ante esta situación la alternativa hasta ahora había consistido en incumplir algunos compromisos con la sociedad, en la que lamentable una parte importante de las familias españolas se han visto directamente afectadas. Así, el gobierno congeló las pensionistas y redujo el salario de los funcionarios públicos, pero también ha anunciado que eliminará los subsidios a los parados de larga duración. No obstante, lo peor está aún por llegar, el gobierno pretende confiscar los ahorros de los futuros pensionistas, todo con tal de no tener que incumplir el pago de intereses y el principal de la deuda pública contraída y para poder garantizarse la liquidez que a cambio le ofrece el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet. Esto sólo es comparable con el llamado «corralito argentino».
El déficit originado en el continuo endeudamiento del Estado y sus Autonomías ha comprometido todas las partidas del presupuesto público, incluyendo los ahorros de los trabajadores en forma de cotizaciones sociales. Si España no pudiera hacer frente al compromiso de la deuda el problema sería aún peor, pues significaría la ruina del país y también el caos económico para toda la Unión Europea, probablemente también la desaparición del euro. La prima de riesgo ha elevado significativamente el coste del endeudamiento y pone en serio riesgo la refinanciación de sus deudas que necesitan los bancos en España. Por eso Trichet quiere más medidas, tanto sobre el mercado de trabajo como sobre las pensiones, más a cambio de seguir comprando deuda española. Si España cae, probablemente arrastraría en cadena al resto de Europa. De aquí la preocupación del Banco Central Europeo y de los principales países de la Unión Europea.
Ante el descontrol del presupuesto público hay quienes desde la izquierda piden insistentemente elevar más impuestos para hacer frente a la insolvencia de España, aunque ellos dicen que es para garantizar el Estado del bienestar. No obstante, esta posición de los políticos de izquierda además de anacrónica es económicamente contraproducente, en estas circunstancias es probable que los contribuyentes ya hayan llegado al límite de su presión fiscal. Si el gobierno deseara ir más allá con el fin de conseguir mayores ingresos a través de impuestos, probablemente no lo conseguiría pues las propias personas y las empresas ajustarían su situación económica a su nueva realidad, reduciendo aún más el consumo como la inversión, lo que repercutiría evidentemente en una menor recaudación fiscal y en una profundización de la crisis; también es probable que en estas circunstancias sean las propias personas y las pequeñas empresas quienes busquen vías alternativas para evadir al fisco, dejando de producir o trabajar en la economía real y pasándose a la economía sumergida.
¿Cómo es posible que España haya entrado en insolvencia? La respuesta se puede resumir con dos argumentos: en primer lugar, gracias a las medidas usurpadoras del ahorro privado que ha practicado el gobierno mediante la venta de títulos de deuda en el mercado, y, en segundo lugar, porque nuestros conciudadanos durante muchos años no han ahorrado lo suficiente, probablemente debido a la penalización impositiva excesiva sobre los ahorros y a la mayor preferencia por el consumo de los mismos. Si a todo esto además sumamos que el Gobierno Central y sus Autonomías han gastado más de lo que han sido capaces de ingresar, cubriendo sus necesidades de financiación con nueva deuda pública año tras año, no nos debe extrañar haber llegado hasta aquí. En los tres últimos años, además, el gobierno ha terminado por secar la escasa liquidez que existía en la economía procedente del ahorro privado, condenando al sector bancario a endeudarse. Se ha hecho justo lo contrario a lo que debía hacer en política económica durante muchos años, pero también en los últimos años acrecentando el problema con una crisis fiscal. No hubo el más mínimo recato para generar el déficit más elevado de la historia de España.
¿Es cierto que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades? Sí que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, pero lo que no es cierto, es que hayamos vivido por encima de nuestras necesidades. Si los sucesivos gobiernos de España, año tras año, no se hubieran apoderado conscientemente de la liquidez interna de la economía, condenando a la economía privada y productiva al endeudamiento externo primero y al estrangulamiento financiero y cierre después, no hablaríamos hoy de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hace ya bastante tiempo que la falta de ahorro en la economía, lo que ha obligado a nuestras empresas a cubrir sus necesidades de liquidez con crédito procedente del exterior y canalizados fundamentalmente a través del sistema bancario. Ahora la mayoría de nuestras empresas se han quedado sin nada, no hay manera de conseguir liquidez pues los bancos empiezan a tener como prioridad refinanciar sus propias deudas. Como sostiene el Banco Central Europeo (BCE), conseguir nuevos créditos en el exterior no va a ser tan fácil pues los bancos tendrán que competir con el sector público para captar fondos. Los bancos y cajas españoles tienen obligaciones por 220.000 millones de euros para los dos próximos años, tanto en deuda a medio como a largo plazo, por lo que es natural que prefieran pagar primero sus obligaciones que prestar dinero, lo que está estrangulando financieramente a las empresas, muchas de las cuales han tenido que cerrar por la falta de liquidez, pero podrían cerrar muchas más por el mismo problema en los próximos dos años.
¿Es posible en estas circunstancias un corralito económico, como ocurriera en Argentina? Exactamente una confiscación del ahorro de las cuentas privadas de los ciudadanos no lo creo, pero si otro tipo de corralito, que además ya está anunciado que se realizará en Enero de 2011, consistirá en que el gobierno confiscará nuestro ahorro, pero el que está fuera del sistema financiero, es decir, nuestro ahorro de toda nuestra vida laboral en forma de cotizaciones que se nos retienen de nuestro salario y que se utilizan para pagar las pensiones, precisamente aquel que está directamente gestionado por los políticos. Así, en la actual situación de insolvencia de España, el gobierno ha decidido que antes de reducir sus elevados gastos y recortar el tamaño del Estado y sus Autonomías, es preferible «confiscar el ahorro destinado a nuestras pensiones». Desgraciadamente nuestras pensiones han quedado en manos de unos gestores inútiles, lo que nos lleva hoy a hablar de futuros recortes de las pensiones. El gobierno utilizará nuestro ahorro en forma de cotizaciones para reducir el déficit público generado por ellos mismos, en vez de recortar el tamaño del Estado.
El gobierno y en general los políticos actuales cuando dicen que lo que quieren es garantizar la pervivencia del sistema, lo que realmente quieren decir es que quieren mantener su «status quo», la de su casta política. La confiscación de nuestro ahorro para las pensiones tiene un único fin: que los políticos puedan seguir viviendo del cuento como hasta ahora, exprimiendo cada vez más a su propio pueblo mientras estos callen y aguanten. Lamentablemente todo ocurre porque tanto los ingresos de nuestras cotizaciones sociales, como los pagos por el conjunto de las prestaciones sociales forman una parte importante del pastel del presupuesto público y, al estar comprometido por una mala gestión económica, el gobierno ahora quiere vendernos que el sistema es insostenible, pero no lo es, al menos no a corto plazo. La realidad en la práctica proviene de sus imperiosas necesidades de reducir el déficit público, y nada más.
El dinero de las pensiones no es en sí mismo dinero público, pues forma una parte de nuestro salario que se nos ha retenido, para que lamentablemente sean ellos, los actuales políticos, los que lo gestionen mediante un sistema poco exigente y donde nuestros gestores no necesitan demasiadas habilidades financieras, poco más que saber hacer la «cuenta de la vieja». Este sistema es conocido como el «sistema de reparto», que consiste en que los que se jubilan perciban una pensión procedente de las personas que cotizan a la seguridad social principalmente.
Nuestro gobierno saltándose a la torera el pacto sobre las pensiones conocido también como el «Pacto de Toledo», ha decidido arbitrariamente confiscar nuestros ahorros. Oiga, si los políticos piensan que el sistema no es sostenible, que nos dejen el dinero que nos lo gestionamos nosotros mismos, y así los políticos dejarán de meter mano en donde no les corresponde. Más les valdría empezar por reconocer los enormes problemas que tiene nuestro modelo de Estado Autonómico, claro que este ajuste no les gusta, no porque debería realizarse sobre su terreno de juego y perderían influencia, y eso no lo admitirán ni a regañadientes.
¿Pero entonces el sistema de pensiones goza de buena salud? Que las pensiones estén amenazadas por las zarpas de nuestros actuales representantes políticos, no es lo único que debería preocuparnos, pues el sistema de pensiones que hay montado es una verdadera bomba de relojería, y una verdadera estafa en sí mismo. Si se tratara de un servicio privado que se ofreciera al público estaría totalmente prohibida su comercialización, pues sería un «producto de base piramidal» cuya garantía de sostenimiento descansa en que haya suficientes inversores (léase personas que coticen), por no decir pardillos, que sean capaces de adquirir el producto. Así pues, si este sistema de reparto y piramidal fuera privado estaría seguramente prohibido por Ley, como lo está actualmente la venta de los productos piramidales según el artículo 23 de la Ley de ordenación del Comercio Minorista.
No es posible que nuestros representantes políticos no sientan el más mínimo rubor y se atrevan no sólo a promover este sistema, sino también a garantizarlo. Claro está que garantizarlo sólo hasta que el país llega a la situación de insolvencia, como ahora; entonces es cuando donde dije digo… y, unilateralmente cambian las reglas de juego justificándose en la adversa estadística demográfica para hacer reformas y «garantizar las pensiones». Así, plantean elevar el período de su cálculo de las mismas desde los 15 a los 25 años, lo que significa en la práctica confiscar alrededor de un 10% de nuestros ahorros. Pero ahí no queda la cosa, el gobierno pretende elevar paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años, de modo que a partir de 2013 en adelante, por cada año que nos quede para la jubilación tendremos que añadir dos meses más de cotización, hasta que en 2025 la edad de jubilación obligada alcance los 67 años. Esto significaría que cada año a partir de 2013 (si no es antes), la confiscación de nuestros ahorros en forma de cotizaciones que aportaremos y las pensiones que dejaremos de percibir supondrían además un 0,5% del PIB que este gobierno y el que le suceda, incautarían a quienes cotizamos para nuestra jubilación. Otra cosa sería que la jubilación a esa edad fuera voluntaria. Actualmente son muchas las personas que incluso se ven forzados a retirarse antes de los 60 años, ¿qué ocurrirá con todas estas personas?.
Con un sistema de reparto de las pensiones los actuales trabajadores y los que se incorporen saldrán perdiendo. Si a largo plazo las predicciones no son muy optimistas, dado que el saldo neto entre nacimientos y defunciones acabará tornándose negativo a partir del 2020, no se puede garantizar el sistema. Para ello tendríamos que tener la suficiente población trabajadora necesaria para sustituir a quienes se jubilan, ampliando siempre la base de población activa trabajadora para que el sistema perviva. La pirámide poblacional, sin embargo, se estrecha y se seguirá estrechando, hasta que realmente no sea sostenible por más que se eleve la edad de jubilación hasta los 67 años. Pero, a corto plazo lo relevante del tema es que quienes cotizan actualmente al sistema de reparto son menos de los previstos, y no es precisamente por la evolución poblacional, sino debido al aumento desmesurado del desempleo cuyo origen es la desastrosa política económica del gobierno del PSOE, y los menores salarios que empiezan a percibir el resto de la población trabajadora fruto de sus desastrosas políticas económicas. No obstante, el sistema actual de pensiones tiene los días contados, por eso, si hay que hacer reformas estas no pueden ser las que nos están planteando.
