EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Tres son las facultades y funciones primordiales del Estado: El poder ejecutivo (el Gobierno), el legislativo (el Parlamento) y el judicial. Según la doctrina de la separación de poderes, redactar las leyes es tarea del poder legislativo (Congreso, Parlamento o Asamblea de Representantes) interpretarlas y normalizarlas es tarea del poder ejecutivo, y hacerlas cumplir es tarea del poder judicial. En una democracia, el poder legislativo elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Su función específica es la aprobación de las leyes. El Poder Judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado Estado de Derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El Poder Judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial al ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico.
Según la teoría de Charles de Secondat, Barón de Monstesquieu, la división de poderes garantiza la libertad del ciudadano, Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Montesquieu, propuso, en su célebre libro “El espíritu de las leyes”, que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) para que mediante unos arreglos de las características el poder se auto controle, a fin de evitar la tiranía. Ante esto yo me pregunto: ¿Qué puede ocurrir cuando estos tres poderes se concentran en el poder ejecutivo, en el Gobierno, de cualquier país? La respuesta es muy sencilla: Ello supondría el advenimiento de la tiranía, de la dictadura y del totalitarismo.
Todo lo anteriormente dicho viene a colación por el hecho de las críticas que desde el Partido Popular se están lanzando al Gobierno de Zapatero, por el tema de la legalización de los partidos vascos Sortu y Bildu y la excarcelación del etarra Troitiño. En el primero de los casos se pide por parte del PP que el Gobierno no legalice a estos dos partidos cuando lo único que puede hacer el Ejecutivo es ordenar a la Fiscalía del Estado que impugne, cosa que ya ha hecho, ante la justicia la presentación de esa solicitud de legalización por parte de los dos partidos antes citados, y que sea el Poder Judicial quien interpretando las leyes dictamine si procede o no legalizarlos. El Gobierno no puede hacer más. En cuanto al caso del etarra Troitiño, ha sido el Poder Judicial y no el poder ejecutivo, el Gobierno, que no tiene potestad para ello, quién interpretando las leyes ha decidido que este personaje salga de la cárcel antes de cumplir el total de años a los que fue condenado. Queda claro que en ambos casos el Gobierno ha hecho lo único que podía y puede hacer, y en el Partido Popular lo saben muy bien ya que el caso de Troitiño es exactamente igual al de “Josu Ternera” en busca y captura desde 2002, era Rajoy ministro del Interior, y del cual nunca más se supo. Comparto las críticas del ministro Rubalcaba, cuando señala los “puros dislates” e “incursiones muy desafortunadas en el Estado de Derecho” de responsables del PP licenciados en Derecho. No voy a dar mi opinión ni exponer mi parecer sobre las acusaciones de la derecha de que el Gobierno ha pactado con ETA, solo recordaré que desde primeros de año hasta estos días han sido 40 los miembros de ETA detenidos entre España y Francia. Si esto está dentro del “pacto”, francamente he de decir que no me parecen malos sus resultados.
Si la decisión de legalizar a un partido político o decidir quién entra o sale de la cárcel fuera potestad de un Gobierno, que por lo visto es lo que pretende el PP, se podrían dar por finiquitados el Estado de Derecho, la democracia y por tanto las libertades Por lo visto en el PP están por circular “políticamente” por esa vía.
