Los españoles nos estamos debatiendo entre el asombro y la confusión. Por un lado vemos como delincuentes como Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, de Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y exdiputado en las Cortes Valencianas, y Jaume Matas, expresidente de Baleares, todos ellos militantes del Partido Popular cuando se produjeron los hechos por los cuales han sido condenados, están dispuestos a pedir al Gobierno de Rajoy que los indulte, y lo manifiestan con la mayor naturalidad, como si esto fuera algo normal que se puede conseguir fácilmente.
Si llueve como si truena, ¡soy Infanta! El sistema partitocrático me protege como un paraguas de la lluvia… Foto: NREL Solar DecathlonPor otro lado estamos asistiendo a la asombrosa actitud de la Fiscalía que en los casos de la Infanta Cristina, esposa de Urdangarín e hija del Rey, y de Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. En lo que se refiere a la Infanta, el juez José Castro, que instruye en caso Urdangarín, parece ser que está dispuesto a imputarla; y en el caso de Lourdes Cavero, ha sido imputada por decisión de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina Blanco, que está investigando la compra del ático que el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid adquirió en la citada ciudad andaluza. En ambos casos, la Fiscalía piensa recurrir la imputación, cuando la de la primera, la de la Infanta, aún no se ha producido; y la de la segunda, Lourdes Cavero, que está imputada oficialmente, piensa recurrirla, si no lo ha hecho ya.
En el caso de la Infanta no se entiende muy bien que se impute a Ana María Tejero, esposa de Diego Torres, socio de Urdangarín, que no figura en documento alguno que la pueda asociar con la empresa de su esposo y del marido de la Infanta y en cambio ésta última sí figura como socia en Aizoón y llama la atención el hecho de que la Fiscalía anticorrupción no haya recurrido la imputación de la esposa de Diego Torres y sí piensa recurrir la de la hija del Rey.
Otra circunstancia que llama mucho la atención es que la Fiscalía anticorrupción recurra la imputación de Lourdes Cavero, esposa del presidente madrileño, alegando que esta está insuficientemente fundamentada, algo que choca frontalmente con la imputación por parte de la jueza Mercedes Alaya, de Magdalena Álvarez, la que fuera ministra de Fomento en el Gobierno de Zapatero, por el caso de los ERE de Andalucía, imputación que fue parcialmente revocada por la Audiencia Provincial de Sevilla, y existiendo defectos formales la Fiscalía no recurrió esta imputación. En el caso Bárcenas, la esposa de este, se halla imputado e incluso se le ha llegado a exigir que deposite una fianza, que se sepa no existen motivos para esta imputación ya que no se ha hecho público el grado de colaboración que Rosalía Iglesias pudiera tener con las andanzas de su esposo. La Fiscalía anticorrupción tampoco se ha manifestado al respecto.
Hay asombro y confusión. ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? Esto es lo que los españoles de a pie no entendemos, no sabemos del manejo de los textos legales, somos legos en esta materia, pensamos que técnicamente se está actuando correctamente, ya que de no ser así lo cosa puede resultar alarmante. Y dentro de lo farragosa que para los de a pie nos resulta todo lo relacionado con los procedimientos judiciales, tampoco se entiende muy bien que la jueza Mercedes Alaya, haya ordenado el registro de la sede de UGT en Sevilla, que yo no digo que esté mal, no lo sé, pero si sé que también debieron haber sido registrados el domicilio de Luis Bárcenas y la sede nacional del Partido Popular, cuando se destapó la trama GÁ¼rtel y en ambos casos no se hizo. La máxima exigencia al PP fue la de que entregara los ordenadores de Bárcenas que como es sabido los entregaron cuando les dio la gana y no digamos de las condiciones en que se los entregaron al juez.
En fin, pienso que por el bien del sistema judicial y la transparencia en los procedimientos judiciales, tanto de jueces como de fiscales, aquellos a los que les corresponda deben velar y salvaguardar el buen hacer de la Administración de Justicia. No es nada bueno ni positivo el que la gente se pregunte qué es lo que está pasando.
