Motor de cambio social
Mantener la rentabilidad económica y contribuir al progreso social es el doble objetivo al que se enfrentan las empresas sociales. Un término desconocido hasta hace pocos años que comienza a cobrar fuerza. Se trata de un modelo de negocio cuyos impulsores no utilizan el beneficio económico para enriquecerse, sino como medio para provocar un cambio en la sociedad, ya que lo reinvierten en el propio proyecto. El empresario social busca el bien común, la sostenibilidad y anteponer las personas al capital sin perder de vista la eficiencia económica. Y de momento lo consiguen. Durante la crisis el sector ha logrado crear 20.000 nuevas compañías y representa el 12% del PIB español.
La mayoría trabaja en red y adopta la forma jurídica de cooperativa, basada en la participación democrática, pero existe una gran variedad de modelos. Es frecuente que se centren en proyectos de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión social, a los que ofrecen una oportunidad de formación y entrada en el mercado laboral. Trabajan con personas discapacitadas, ex drogodependientes, ex internos, parados de larga duración o mujeres maltratadas, que ven en este tipo de empresas la forma de incorporarse a la sociedad y de entablar relaciones humanas desprovistas de prejuicios. Sin embargo, son también comunes los proyectos destinados a distribución, agricultura ecológica y sostenible, industria alimentaria, energías renovables y comercio justo. Todos comparten una misma visión de la economía, basada en el ser humano y el respeto al medioambiente.
Alentis es una empresa de inserción laboral que cuenta con un centro especial de empleo para la integración de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Su objetivo es buscar un puesto adaptado a la persona y llevar a cabo un seguimiento de su desempeño en áreas como limpieza, jardinería o mantenimiento. Esta empresa social considera que la discapacidad debe ser “generadora de valor compartido”. Y así lo demuestran las cifras. Alentis ha incorporado a sus distintos negocios a más de 2400 personas discapacitadas. Además emplea maquinaria y vehículos sostenibles y fundamenta muchos de sus proyectos en la eficiencia energética. La Fundación Ana Bella también sigue los principios de la economía social. Además de una ONG de acogida y apoyo a mujeres maltratadas, desarrolla otro tipo de actividades. Uno de ellos es un servicio de catering de productos de comercio justo y ecológicos, en los que emplean a camareras formadas por la propia organización.
Son proyectos que todavía buscan un hueco en el tejido empresarial, ya que las instituciones y la mayoría de medios de comunicación no tratan de potenciarlos y, a pesar de su éxito, se enfrentan a muchos obstáculos. Por ello, uno de los objetivos de CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social, es situar a estas empresas en el diálogo social y político e incrementar su visibilidad. Para su presidente, Juan Antonio Pedreño, “las empresas de la economía social desempeñan un papel esencial en la economía europea, en especial en tiempos de crisis, al combinar rentabilidad con solidaridad, crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la cohesión social, económica y regional y generar capital social”.
Son muchos los que consideran a este tipo de empresas el fermento de la regeneración económica y la construcción de un nuevo modelo, en el que ésta se ponga al servicio de las personas y no al revés, como ocurre en la actualidad. Una sociedad basada en la justicia y la colaboración y que sitúe a la naturaleza como algo a respetar y no a destruir o dominar. Luis Morales, especialista en sostenibilidad ambiental y economía ecológica, opina que tras la crisis no se volverá a hacer lo mismo que antes. Afirma que “el modelo cambiará. Por las buenas o por las malas, pero cambiará, porque el planeta no da más de sí y nos dará una gran bofetada sino”.
Por el momento la Unión Europea ya ha fijado la hoja de ruta para la economía social del futuro. Se trata de la Declaración de Estrasburgo, firmada a principios de año, que apela a la necesidad de un modelo que valore la cohesión social como una verdadera fuente de riqueza colectiva. Hacerlo realidad debe ser propósito de los poderes públicos y la ciudadanía, pero también de la empresas.
