“Nos tememos que el Gobierno de Tailandia va a romper las patentes de los medicamentos sólo porque son caros”, explica el embajador de Estados Unidos en Tailandia en uno de los cables del Departamento de Estado desvelados por Wikileaks. La presión ejercida por Estados Unidos para salvaguardar los intereses de sus grandes laboratorios se enfrenta a los intentos de los países empobrecidos del Sur por conseguir medicamentes más baratos para su población. Aquí la vida está en juego.
En 2003, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio un paso histórico para el acceso a la salud. Reconoció en Doha reconocieron que no se pondrían impedimentos a los países del Sur a legislar en beneficio de la salud pública. Sin embargo, varios cables destapados por Wikileaks ponen de manifiesto que Estados Unidos no sigue esas reglas de juego. Un claro ejemplo lo es Guatemala que reintrodujo la propiedad intelectual sobre los medicamentos tras sufrir presiones y buscar “trapos sucios”. Rigoberta Menchú fue una de las impulsoras de abolir las patentes para tener medicamentos más baratos y que todo el mundo pudiese acceder a ellos. Algo a lo que el presidente de entonces, Áscar Berger, “no podía permitirse ignorar”, dice uno de los cables desvelados por Wikileaks. Entonces, comenzó la campaña con Rigoberta Menchú. De ella se dijo que poseía la franquicia mexicana Farmacias Similares y vendía la posibilidad de abrir franquicias por 25.000 dólares en efectivo.
La brecha sanitaria entre los países del Norte y los empobrecidos del Sur no ha hecho más que crecer. Así, menos de un 40% de los cerca de setenta billones de dólares que se invierten al año en la investigación de enfermedades se dedica a enfermedades que afectan al 90% de la humanidad. La tuberculosis, la malaria, el dengue o la lepra causan al año más de 15 millones de muertes al año. Sin embargo, las farmacéuticas prefieren investigar sobre la calvicie o gastar en productos para adelgazar. “El sistema farmacéutico no va a investigar algo que no es rentable, que no hay demanda”, explica la doctora Pilar Mateo, que consiguió un remedio para curar el mal de chagas.
La ley de patentes y propiedad intelectual otorga los derechos exclusivos de la comercialización durante 20 años a los propietarios de las patentes sobre los productos farmacéuticos. Esta legislación ha hecho que miles de millones de personas en el mundo no puedan curarse de sus enfermedades debido a su alto coste.
El acceso a la salud es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que debería estar por encima del mercado y de los beneficios de la industria farmacéutica. La realidad es, sin embargo, muy diferente. Nacer en un país del Sur, en una región sin industria y en un pueblo pequeño te condena, según un estudio realizado por Médicos del Mundo, a tener menos del 40% de posibilidades de alcanzar los cinco años de edad. Así, el derecho a la salud no es igual para todos.
Hay que desenmascarar a los países que no cumplen las reglas y a aquellas industrias que quieren comerciar con la salud de aquellos que menos tienen. Si no se toman medidas, la salud será cada vez más un privilegio. Habrá más personas, más niños que sufran más y mueran por no tener dinero para comprar la medicina necesaria. La sociedad civil tiene que decir basta a los abusos de poder de los grandes laboratorios farmacéuticos y exigir a nuestros dirigentes que cumplan los compromisos. Que tengan una verdadera voluntad de mejorar las cosas. Que no pongan una cara bonita para los espectadores del mundo y otra para los poderosos. Porque, luego, les pueden sacar los colores y porque la salud es un derecho de todos.
Ana Muñoz Álvarez
Periodista
