Los lamentables y criticables hechos que protagonizaron poco más de dos centenares de violentos en la noche del pasado día 22 de marzo, día de la concentración en Madrid de los participantes en la Marcha por la Dignidad, han empañado y han provocado el que una manifestación tan importante se haya visto eclipsada y se haya hablado más de los incidentes entre policías y violentos que del verdadero sentir de la manifestación que no es otro que el de dejar constancia del malestar y la preocupación existente por lo mal que lo están pasando millones de españoles. No se ha hablado en absoluto sobre los cientos de miles de personas que se manifestaron pacíficamente y si se ha hablado mucho de los actos de violencia protagonizados por dos centenares de incontrolados. Estos violentos, sin seguramente pretenderlo, le han hecho un favor al Gobierno.
Foto: Comando Madreña
Pero quiero centrar este comentario planteando algunas interrogantes que me asaltan con respecto al modo en que estos acontecimientos tuvieron lugar y principalmente en el porqué de ciertas actitudes de los responsables policiales y políticos. En primer lugar no me explico como cuando el estamento policial preveía que iban a producirse alteraciones del orden público y sabiendo en que zona iban a tener lugar, no dispusieran el que todo el material de obra que había en la zona fuera retirado, lo que supuso para los violentos una especie de depósito de “municiones”. Tampoco entiendo como la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha incoado ya o piensa hacerlo, expediente a los organizadores de la Marcha por la Dignidad cuando la concentración en la Plaza de Colón se desarrolló sin incidente alguno y donde había personas mayores y niños. Es como si viajamos en un autobús y de pronto uno de los pasajeros la emprende a golpes con los cristales, no puedo entender que la actitud de un incontrolado pueda ser motivo de sanción para el resto de los viajeros. Pero de esta señora y del ministro del Interior puede esperarse todo menos que actúen con cordura, con mesura y con serenidad. No encuentro explicación alguna a que un sindicato policial, la CEP, por medio de un portavoz presente a algunos medios de comunicación unas fotos en las que se ve una muleta con una especie de lanza camuflada con la cual aseguró que se había pinchado en cuatro ocasiones a un policía y que los violentos habían empleado tirachinas para lanza bolas de hierro. El resultado final, la verdad de ambas cosas, es que la muleta fue detectada el día 21, un día antes de los incidentes, en los juzgados de la Plaza de Castilla y lo del tirachinas corresponde a una foto que publicó El Mundo el 27 de abril de 2013 en unas protestas que tuvieron lugar en la Plaza de Neptuno. El sindicato en cuestión, al ser descubierta su falsa acusación, dijo que se había tratado de un error. ¿Se intentaba apoyar la tesis del Gobierno? Ellos sabrán.
Pero lo más lamentable de todo fue ver a ese pequeño grupo de policías acosados por los violentos y recibiendo el lanzamiento de toda clase de objetos, la escena era francamente lastimosa, daba verdadero miedo y angustia ver a estos policías en esa situación tan extrema como peligrosa. Pedían refuerzos y que les sacaran de allí y la respuesta que recibieron de sus superiores era que de inmediato no les podían enviar ayuda, algo incomprensible si tenemos en cuenta que se habían dispuesto 1.800 policías para ese día por lo que pudiera ocurrir. Allí estuvieron aguantando y menos mal que no sucedió nada irreparable. Es en este hecho donde se me abren muchas interrogantes: ¿Por qué no se les envió ayuda? ¿Se pretendía que se pudiera llegar a que se produjera un suceso luctuoso para que el Gobierno pudiera utilizarlo como una circunstancia que hacía necesaria la aplicación de su reciente Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Se pretendía con ello legitimar una ley represora de las libertades de los españoles para manifestarse libremente? La historia nos ha enseñado que a lo largo de los tiempos ha habido gobiernos que han sacrificado vidas inocentes para justificar la entrada en una guerra o aplicar medidas represivas excepcionales o leyes antidemocráticas como es el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar las protestas de la ciudadanía. En definitiva: ¿Se pretendía que algún miembro de la policía resultara muerto o gravemente herido para en el futuro disponer el ministro del Interior o los delegados del Gobierno de “barra libre” para reprimir cualquier intento de manifestación ciudadana? Pregunto.
Deseo dejar constancia de mi repulsa a la violencia. La violencia solo genera extrema violencia venga de donde venga. Sentí dolor y preocupación por aquel pequeño grupo de policías asediados y siento lo mismo cuando veo, y lo hemos visto en muchas ocasiones, yo diría que demasiadas, como algunos policías se ensañan con algún manifestante cuando este está tirado en el suelo. Todo esto se podría evitar si España dispusiera de un Gobierno capaz de solucionar los problemas que tenemos los españoles.
