Curiosa la paradoja que se está produciendo en nuestra economía de supervivencia, también llamada economía de crisis. Resulta que las Administraciones, a todos los niveles, se están afanando en conceder subvenciones, incentivos y prestaciones a sus ciudadanos y luego les deben dinero a las PYMES.
Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. Una parte muy importante de la destrucción de empleo de nuestro país viene por los trabajadores que han tenido que despedir las PYMES, ahogadas por los impagos, muchos de ellos responsabilidad de las propias Administraciones.
Por tanto, si las Administraciones pagaran a las PYMES lo que les deben, éstas no tendrían que cerrar, con lo que no generarían más desempleo, con lo que los organismos públicos no tendrían que incurrir en más déficit público para conceder prestaciones.
Se trata de un problema de falta de eficiencia económica, no se paga una factura pero se acaba pagando más en forma de prestación, con lo que todo acaba careciendo de sentido.
Sin embargo, hay que hacer una segunda lectura de este asunto que parece ilógico, hay que realizar una reflexión en clave política. Una factura pagada no genera votos, porque es una parte habitual del intercambio económico.
Pero una prestación concedida sí gana votos políticos, porque el trabajador o autónomo que se queda sin trabajo aprecia que la Administración de turno acuda en su salvación, sin pararse a pensar que ha sido esa propia Administración la que ha provocado esa situación.
Ello nos lleva al mismo asunto de todos los días, a la falta de altura política de nuestros representantes, más ocupados en mantener sus cargos y sus onerosos salarios, que de ejecutar una política eficiente para sus ciudadanos.
La economía política no es la gestión de votos, como muchos parecen pensar, es la gestión de recursos escasos para dar la mayor satisfacción posible a una población. ¿Cuándo lo llegarán a comprender nuestros políticos?
