Navarra: ¿Hacia el “Gobierno de Progreso”?

Según Ezeizabarrena Sáenz, en su obra “Los Derechos Históricos y el concepto de “Pase Foral”, ( Auñamendi Eusko Enziklopedia, 2008), “el pase foral era la denominación de una facultad inscrita en el ámbito del Derecho foral del Reino de Navarra y las provincias vascas para no cumplir las órdenes emanadas de la Monarquía española declarándolas nulas si atentaban contra su legislación propia, los Fueros. En Navarra inicialmente también se denominó “derecho de sobrecarta” y se usaba bajo la tradicional fórmula de “Sea acatado, pero no cumplido”.

Sin embargo, con el actual Gobierno navarrista de Yolanda Barcina, se habría producido una clara sumisión de UPN a los dictados del Gobierno del PP, pues debido a su minoría parlamentaria en la Cámara navarra habría llegado a un acuerdo tácito con el Gobierno central para frenar las leyes que apruebe el díscolo Parlamento navarro mediante el recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución, que señala que “ el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA” .

Así, el TC acaba de anular la decisión del Parlamento de Navarra que obligaba a la Iglesia Católica y al resto de confesiones del Estado español a pagar la contribución territorial (impuesto equivalente al IBI) por todos los inmuebles de su propiedad con la única excepción de los destinados al culto, lo que unido al resto de recursos pendientes (del que sería paradigma el recurso de la ley foral que otorga al Parlamento la potestad de aprobar los ERE de empresas públicas), ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de una Cámara foral navarra devenida en barco amotinado que navegará sin rumbo fijo hasta las próximas Elecciones Forales del 2015.

Asimismo, estaríamos en la antesala de un severo recorte de la capacidad de la Cámara Foral para legislar impuestos (autogobierno fiscal navarro), que se enmarcaría en el contexto de la deriva autoritaria del Gobierno del PP que pretende la implementación de un Estado jacobino y autoritario (Tardofranquismo) y que tendrá su plasmación en las restricciones que se impondrán al autogobierno de la Comunidad Foral en las próximas negociaciones sobre la renovación del Convenio Económico Navarra-Estado y que terminarán convirtiendo a la Comunidad Foral en un  autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del Tribunal Constitucional de turno, no siendo descartable una nueva Gamazada.

El Parlamento navarro y el euskera

Los sucesivos Gobiernos de UPN habrían pues transformado la filosofía primigenia del “pase foral”, quedando constriñido a la política doméstica navarra como instrumento del filibusterismo político de UPN para esquivar las sentencias judiciales contrarias a su miope política de intentar enclaustrar al euskera en cotos cerrados y logar posteriormente su extinción por inanición financiera.

Así, el SOS lanzado por la ikastola Ibaialde de Lodosa ante su asfixia económica y respondido por la Diputación de Guipúzkoa con la concesión de una ayuda de 24.000 €, dejó sumido al entonces Gobierno de coalición UPN-PSN en una situación de desconcierto e incredulidad tras quedar en evidencia ante la opinión publica navarra su escaso o nulo interés por la supervivencia del euskera en la Comunidad Foral.

Recordar que la actual mayoría parlamentaria UPN-PSN ha defendido hasta el momento el mantenimiento de la zonificación lingüística como “garantía del respeto a la pluralidad de Navarra “ y han rechazado el modelo uniformista aplicado en el País Vasco con la Ley 10/1982 Básica del Euskera para logar “una euskaldunización dirigida de todo el territorio”, por lo que los cotos lingüísticos virtuales e impermeables a toda influencia externa implementados en 1986 en Navarra por la ley del Vascuence aún permanecen vigentes aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes.

Así, el Parlamento de Navarra aprobó el 18 de febrero de 2010 la primera y única modificación hasta la fecha de la Ley Foral del Vascuence, mediante la cual varios ayuntamientos de la Comarca del Sur de Pamplona (Galar, Belascoain y Aranguren) pasaron a incorporarse a la Zona Mixta tras logar mayoría absoluta en la votación de los Plenos de sus respectivos Consistorios.

Aprovechando este precedente ( y dada la actual soledad política del Gobierno de Barcina en el Parlamento de Navarra), nos encontraríamos en el escenario apropiado para logar una nueva modificación de la vigente zonificación lingüística que debería rediseñar la actual cartografía de las zonas lingüísticas en Navarra, finiquitando la Zona No vascófona y quedando el territorio foral integrado por una zona vascófona y otra mixta, con la consiguiente expansión del mapa radial de los centros de Modelo D (modelo educativo que utiliza el euskera o vascuence como lengua vehicular), pues a pesar del impacto mediático del Nafarroa Oinez, la cruda realidad nos demuestra que el euskera en Navarra se encamina lenta pero inexorablemente hacia un progresivo estancamiento, con un exigüo incremento del 1,5% de vascoparlantes en los últimos 15 años).

¿Hacia el “Gobierno de Progreso”?

Tras la escenificación de la ceremonia del desencuentro UPN-PSN plasmado en el “divorcio político” Barcina-Jiménez, asistimos al finiquito de la doctrina navarrista UPN-PSN que habría convertido a la Comunidad Foral durante una década en un coto privado del establishment navarro (Teoría del quesito de Miguel Sanz) y a la constitución en Navarra de la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra-Nafarroako Ezkerreko Junta Errepublikanoa que tendría como señas de identidad “la creación de una alternativa política, económica y social a la crisis así como la iniciación de un Proceso Constituyente que finalice en la III República”, en palabras de Enrique Villareal (El Drogas), factores ambos que suponen la irrupción en el escenario político navarro de la posibilidad real de una alternativa a la derecha navarrista desangrada en luchas intestinas y dividida en banderías hasta ahora irreconciliables (UPN y PP).

Dicha alternativa tendría como objetivo mediato la estrategia de acoso y derribo del Gobierno minoritario de Barcina y su sustitución por un hipotético “Gobierno de Progreso” PSN-Nafarroa Bai-IU con el apoyo tácito de Bildu tras las celebración de las previstas Elecciones de mayo del 2015 y dará prioridad en lo social a la revitalización del llamado “Estado social y democrático de Derecho” y en lo político a la celebración del referéndum consultivo previsto en la Disposición Transitoria 4ª de la Carta Magna de 1.978.

Dicho precepto constitucional señala que “a efectos de una posible incorporación de Navarra al Consejo General Vasco o al régimen que lo sustituya , la iniciativa correrá a cargo del órgano foral competente y por mayoría de sus miembros, siendo precisa su ratificación mediante un referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”, lo que llevará implícito la asunción de políticas de apoyo y fomento del euskera tendentes a lograr la normalización del uso de la lengua vasca ( vascuence o lingua navarrorum).