El reparto de fondos entre los ayuntamientos y entidades promotoras incluye este año una partida extraordinaria para hacer frente a los efectos de la crisis
| El consejero de Empleo, durante la rueda de prensa. |
La Junta de Andalucía invertirá más de 174 millones de euros en la nueva programación de escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio. De esta cantidad, 161,9 millones se destinan a 328 proyectos presentados a lo largo de 2008 por ayuntamientos y entidades públicas y privadas, en los que participarán 7.376 alumnos. El resto es una partida especial de 12,2 millones correspondiente al Plan de Medidas Extraordinarias para el Mercado de Trabajo Andaluz (Memta) contra los efectos de la crisis económica, que permitirá poner en marcha nuevas iniciativas y elevar el número de beneficiarios.
Según ha informado al Consejo de Gobierno el consejero de Empleo, Antonio Fernández, la programación aprobada supone un incremento del 18% (más de 26 millones) respecto a la del año pasado y se orienta de forma prioritaria hacia sectores emergentes y especialidades con una fuerte demanda en el mercado laboral, como la ayuda a domicilio, la geriatría, el desarrollo turístico o las energías renovables.
Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio son proyectos de carácter temporal basados en la alternancia entre formación y trabajo. Su objetivo es la inserción laboral de personas con especiales dificultades para encontrar empleo (principalmente jóvenes, parados de larga duración, mujeres y colectivos con discapacidad); mayores de 25 años en el caso de los talleres de empleo y menores de 25 en los otros dos programas.
Antonio Fernández ha subrayado el «esfuerzo económico sin precedentes» que el Gobierno andaluz está dedicando a estas iniciativas, y ha añadido su orientación hacia sectores emergentes para promover la empleabilidad. En este sentido, ha asegurado que un número importante de talleres de empleo, que este año van a recibir un mayor impulso, va a dedicarse a la formación de personas para el sector de la dependencia.
El consejero ha situado estas actuaciones dentro de la apuesta que desde Andalucía se está otorgando a las políticas activas de empleo, y ha destacado su doble enfoque formativo y práctico.
Los proyectos constan de dos etapas; la primera de formación ocupacional y la segunda de alternancia con el trabajo y la práctica profesional, a través de contrataciones por las propias entidades promotoras, para obras y servicios de utilidad pública o interés social. En este sentido, las entidades deben acreditar un compromiso de inserción laboral del 30% de los alumnos trabajadores.
Los criterios de selección tienen especialmente en cuenta el porcentaje de paro de cada territorio según la Encuesta de Población Activa, así como la programación de especialidades relacionadas con actividades emergentes. De igual modo, se da prioridad a aquellos proyectos procedentes de municipios de las zonas donde la Junta desarrolla Planes de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (ATIPES). Finalmente, se establece una reserva del 5% para personas con discapacidad y la obligatoriedad de que, al menos, el 50% de los alumnos sean mujeres.
Fernández ha recordado también que todos estos proyectos deben incluir módulos obligatorios de alfabetización informática, prevención de riesgos laborales, sensibilización medioambiental, fomento para la actividad emprendedora, e igualdad de género y para colectivos desfavorecidos.
