Desde 2004, a los profesionales que vengan a trabajar a España se les aplica el impuesto de los no residentes, que es el 24%, el mínimo del IRPF.
Este privilegio fue pensado para atraer profesionales científicos cualificados, pero también se aplica a los deportistas con ingresos elevados, como los futbolistas. Aunque se ha planteado que este régimen fiscal no se les aplique, la Unión Europea (UE) aduce que sería una discriminación, sobre todo para deportistas europeos. Si en un tema como este los partidos no se ponen de acuerdo, cómo extrañarnos de la desazón que nos invade ante lo que hoy perpetran en el Parlamento los dos partidos mayoritarios.
El Parlamento vota para modificar la Constitución ante una ciudadanía que se da cuenta de que la incapacidad de gobernarnos desde dentro significa someternos a que se nos gobierne desde fuera con formas que no siempre nos gustan, escribe Torreblanca. Ese es el sentimiento general de una ciudadanía que progresó en democracia, desde su adhesión a la UE hace 26 años, pero que contempla desolada nuestra entrega de pies y manos a los llamados “mercados”. Que no existen, sino los mercaderes, capitales y grupos de presión que rigen los destinos del mundo.
Hasta la misma UE no es más que el fetiche que hemos ido construyendo a base de proyectar sobre él nuestros miedos, flaquezas y fantasías. Con nuestro inveterado sentimiento de inferioridad ante los ilustrados países de Europa ya que, en el nuestro, entre el Trono y el Altar mantuvieron ese sentimiento de exiliados en espera de un mítico paraíso post mortem.
Siempre que algunos valientes se alzaron porque preferían morir de pié a mal vivir de rodillas, fueron abatidos por las balas o por la descalificación y la condena de los soberbios poderes dominantes: una religiosidad irracional y anacrónica y el poder de los más ricos que siempre maniobraron para salir a flote entre magma que ellos crearon. Igual que sucede las crisis económicas y financieras del 2008 y la actual que contribuyeron a crear los banqueros y fueron los primeros en ser rescatados por el Estado, que es la institución que expresa y representa la soberanía popular. Pero es el interés de los mercados financieros el que se sobrepone a los programas de los partidos, aunque no gobiernen.
Después de siete años de desencuentros, el Gobierno español y el Partido Popular han pactado una reforma de la Constitución en la que inscribir una importante limitación al déficit de todas las Administraciones. Al margen de los demás grupos en el Congreso. Con nocturnidad y alevosía para no permitir el lógico referéndum, pues se trata de modificar la Ley de Leyes. Temen con razón que la ciudadanía muestre su rechazo y, de paso, aproveche para exigir otros aspectos fundamentales: desde el régimen monárquico a la partitocracia con listas cerradas, desde los privilegios a una confesión a la desproporción en la distribución de los escaños. La lista sería muy larga para las urgencias de los nuevos diktats que maneja la UE.
Nunca tantos países de esta desastrada UE estuvieron tan cerca de anhelar gobiernos fuertes y en manos de personalidades audaces que les aliviasen de tanta mediocridad y de las oligarquías plutocráticas que los manipulan sin rubor, y sin dar la cara. Pan de hoy, dictadura para mañana, pero al menos, salir de esta ciénaga que nos envuelve.
Clama al cielo la resistencia de ambos partidos en acometer otras iniciativas para elevar la carga fiscal de las personas con mayor renta y riqueza. Un Gobierno de izquierdas no sólo no cumplió con su programa electoral de una reforma fiscal para las más grandes fortunas y vergonzosos enclaves como las SICAV, (sociedades que tributan un 1%) sino que eliminó el impuesto sobre el patrimonio.
La razón de ese aumento de las cargas fiscales a los que más tienen así como a las transacciones financieras está en la distribución de la renta y de la riqueza que es más desigual que en las economías avanzadas de la UE.
Con la tasa de desempleo que sobrepasa los 4 millones de parados, el 21% de la población. Sin olvidar los paraísos fiscales en los que los bancos y las grandes fortunas tienen activos que suponen un fraude continuo a la Hacienda pública. El presidente de uno de los mayores bancos sostiene que “así tenemos más maniobrabilidad para operaciones en el exterior”.
Lo más obsceno es que se queda tan fresco, ocupado con sus conmilitones en la composición de los nuevos administradores del Estado. A eso han quedado reducidos los políticos y gobernantes sometidos antes a las Leyes democráticas, y ahora al gran capital.
por José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
