Luchar por el agua
Los vecinos del pueblo español Alcázar de San Juan han logrado paralizar, por el momento, la privatización de la empresa pública de suministro de agua tras meses de encierros, multitudinarias movilizaciones y una consulta ciudadana masiva. Los tribunales han anulado el proceso por el que el Ayuntamiento de la localidad pretendía adjudicar el 52% del ente público a la empresa privada Aqualia. Sin embargo, la batalla continúa; el objetivo es que el proyecto se abandone por completo. El mismo escenario se repite en otras muchas localidades y ciudades de España, donde los sistemas públicos de agua se han convertido en un atractivo negocio para el sector privado.
La fórmula de privatización más utilizada es ceder la gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento a una empresa privada por parte de los gobiernos locales, que son los encargados de hacer que el agua llegue a los ciudadanos. En España, entre un 49 y un 53% de esta gestión ya está en manos privadas. Una cifra que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y del enorme volumen de deuda que acumulan las Administraciones Públicas, que ven en la adjudicación de servicios públicos una forma de financiarse.
El sistema está dominado por dos compañías que controlan el 80% del negocio: Aqualia, perteneciente a FCC y Agbar (Aguas de Barcelona), propiedad de la multinacional francesa Suez-Lyonnaise y de la caja de ahorros española La Caixa. Tampoco la empresa constructora Acciona ha dejado pasar la oportunidad. Se ha hecho con la licencia del servicio, hasta ahora público, de Aigues del Ter- Llobregat, una de las privatizaciones que mayor oposición ciudadana ha suscitado.
Para las empresas el negocio es redondo. Las concesiones se otorgan para los próximos 40 o 50 años. Un largo periodo de tiempo durante el cual las compañías no tendrán que preocuparse ni rendir cuentas, pues se trata de un mercado sin competencia que se sirve de usuarios estables y seguros. Por su parte, los ciudadanos, que suelen tener que hacer frente a importantes subidas de precio, ven cómo el sector privado se adueña de un bien que constituye un derecho universal con el único objetivo de aumentar su cuenta de beneficios.
Para Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, este fenómeno constituye una “burbuja hídrica”. Considera que ante el fin del auge de la construcción en España y la falta de financiación que supone, “los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos y la solución es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el agua”.
El argumento estrella que las Administraciones repiten una y otra vez en favor de la privatización es la ineficiencia del servicio público. Sin embargo, según un estudio de la Universidad española de Granada, que ha comparado la gestión entre varias sociedades públicas y privadas, las primeras son más eficientes. Uno de los motivos es el laxo control que se ejerce sobre la actividad del sector privado. Los gobernantes olvidan, además, que muchos de los sistemas públicos de abastecimiento de agua están bien gestionados. La ineficiencia se debe, con frecuencia, a la falta de voluntad política. Es más, el sector público es el que puede y debe garantizar la transparencia y la participación ciudadana; una forma democrática de funcionamiento frente a la opacidad con la que, con frecuencia, actúa la empresa privada.
Frente a la voracidad privatizadora de las Administraciones, la sociedad civil se organiza y lucha por algo que pertenece a la humanidad. Son muchas las organizaciones, integradas por asociaciones de vecinos, sindicatos o ecologistas, que en los últimos años se han constituido con el objetivo de paralizar la privatización de los servicios de abastecimiento. Consideran que el agua es un bien común y, como así lo ha reconocido la ONU, un derecho humano que no debe supeditarse a intereses privados. Defienden una gestión no mercantil del agua y creen, por ello, que la responsabilidad recae sobre los gobiernos, que deben ser los encargados de garantizar el acceso universal a la misma.
