Se necesita un orden jurídico internacional que lidie con la globalización con eficacia, pero sobre todo, con un sentido de justicia social.
La transición que estamos viviendo se refleja en el malestar de la ciudadanía con la clase política. La falta de liderazgo, de credibilidad, de ingenio y de espíritu de sacrificio no explica por sí sola la expansión de este sentimiento. Tampoco se debe a la formación o la capacitación de los políticos, que nunca han estado para impartir cursos magistrales, sino para tener sentido común y dar el impulso necesario a las políticas que, democráticamente, hayan establecido.
Lo cierto es que existe un desfase entre la evolución de las sociedades y los sistemas de gobierno heredados; para unos, de la posguerra y, para otros, del colonialismo o de la confrontación Occidente-Oriente.
No es tanto el nivel de democracia lo que interesa aquí, sino la necesaria adecuación de las estructuras y medios estatales a una nueva realidad. Es un hecho que la globalización está avanzando como una nave sin timonel, que la empresas multinacionales han alcanzado dimensiones que sobrepasan las capacidades de numerosos Estados y que los flujos de capital se hacen cada vez más fugaces y aventurados.
Por otra parte, nos afectan muchas de las medidas que se toman en el marco de estructuras supranacionales (OMC, FMI, BMUE, OTAN, Etc.) y por delegados que, por muy competentes que sean, no dejan de ser vulnerables a los viciosos mecanismos de toma de decisión de tales organismos.
La propagación de la violencia provocada por grupos organizados e incluso por Estados determinados, el narcotráfico y la corrupción amenazan la estabilidad de las sociedades. Esta lucha absorbe gran parte de los medios humanos y financieros de los gobiernos.
Son varios, pues, los factores que conducen al debilitamiento del poder estatal. El mismo poder, en su afán de “liberalismo y modernidad”, contribuye a ahondar la dolencia, procediendo voluntariamente a desarticular las estructuras clásicas del Estado sin cuidarse de sustituirlas por los instrumentos adecuados. Los atributos del Estado se hacen cada vez mas imprecisos, la responsabilidad más difusa y la relación con el ciudadano mas lejana.
Lo trágico es que nadie sale beneficiado de tanta fragilidad. Ni los políticos, que ven como su margen de acción se va mermando, así como su visión de futuro. Ni los pueblos, que se sienten abandonados a su suerte en nombre de una ideología económica descarrilada que propugna la ley del más fuerte. A unos se les ve confusos y extenuados, a los otros indiferentes y apáticos.
Á‰ste es, a mi juicio, el marco donde hay que buscar las causas, no ya de la crisis financiera, sino de la cadena de crisis que padece el mundo en la actualidad.
Asegurar la gobernabilidad pasa por la reestructuración de los Estados y su capacidad a adaptarse a los actuales desafíos. No hay marcha atrás posible.
Habrá que pensar de nuevo el concepto de soberanía del Estado, lidiar con la globalización, con el gigantismo de las empresas y establecer un orden jurídico internacional que ponga orden, ética y justicia en las relaciones internacionales.
Los gobiernos tendrán que despojarse de las estructuras obsoletas de administración para dotarse de instrumentos ágiles e inteligentes que garanticen la responsabilidad, la transparencia y comunicación.
La tarea nos puede parecer imposible si perdemos de vista que el objetivo es el bienestar de los pueblos, su desarrollo, su seguridad, en el sentido amplio de la palabra y su desarrollo, La ampliación de las libertades individuales y colectivas puede constituir, por sí misma, una sólida barrera frente a los abusos y extremismos de todo género y contribuir a regular una situación que se hace insostenible para todos.
La solución a nuestros males no se encuentra en la “caza de brujas”, que no pocas voces reclaman, sino en la sabiduría de los pueblos que habrá que escuchar y con los que se tendrá que recomponer una relación que permita una participación ciudadana más efectiva en la tarea de gobierno.
¿Sabremos afrontar las convulsiones que caracterizan los procesos de transición? En el caso que nos ocupa, no se trataría de una entrega de mando entre dos sistemas de Gobierno sino de la capacidad de enlazar de manera responsable y sosegada con una nueva era.
Abdeslam Baraka
Ex Ministro y ex embajador de Marruecos en España