La remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que modifica la actual Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada por el Consejo de Ministros. La nueva normativa, que aporta mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores, pretende mejorar la protección de los usuarios.
La Ley General de Telecomunicaciones es la norma principal que regula el sector de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Fuera de esta regulación quedan los servicios de comunicación audiovisual y los de la sociedad de la información.
La nueva normativa, cuyo proyecto de Ley ha aprobado hoy el Consejo de Ministros remitir a la Cortes, aporta mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores, y mejora la protección de los derechos de los usuarios. Además, refuerza las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
El ordenamiento jurídico interno de la nueva ley se ha ampliado con la incorporación de las Directivas europeas de Mejor Regulación y de Derechos de los Ciudadanos. Estas directivas, junto al Reglamento del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE), integran el Paquete Telecom aprobado en noviembre de 2009.
El sector de las telecomunicaciones alcanzó una facturación superior a los 37.000 millones de euros en 2009. Esta cantidad representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los 4.000 millones de euros. El sector da empleo directo a 80.000 trabajadores.
Modificaciones principales
El proyecto de Ley crea un marco más adecuado para realizar inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, que ofrecerán a los ciudadanos velocidades de acceso a Internet superiores a los 100 megabits por segundo. A su vez, promueve un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y establece nuevas medidas para evitar las emisiones ilegales de radio y televisión.
De cara a los usuarios, estos tendrán derecho a recibir más información sobre las condiciones de provisión de los servicios y sobre la calidad con que se prestan. Respecto al cambio de operador manteniendo el número, el proyecto establece que la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable. También se ofrecen mejoras en el acceso a los servicios para personas con discapacidad o con necesidades sociales especiales.
En el ámbito de los organismos reguladores, la nueva ley refuerza las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y permite al regulador establecer requisitos mínimos de calidad de servicio a los operadores
Además, los operadores que pongan su red a disposición de otras entidades para la realización de emisiones radioeléctricas deberán comprobar, previamente al inicio de dichas emisiones, que estas entidades dispongan del correspondiente título habilitante del dominio público radioeléctrico, lo que ayuda a evitar las emisiones ilegales de radio y televisión.
Fuente: SINC