Inmersos en la crisis actual, Europa adoptó la política de la austeridad en el gasto público, el objetivo ha sido que la crisis la soportaran los de siempre: trabajadores, clases media y baja, así como colectivos desfavorecidos. Tras las caídas de Grecia e Irlanda la consigna se incrementa de forma exponencial. Así en mayo de 2010 España se pone manos a la obra y comienza con la aplicación del primer gran mandamiento -que no único-, un gran recorte social: ataque a los pensionistas presentes y futuros, a los funcionarios directamente con una puñalada trapera sin previo aviso usurpándoles parte del salario y derechos consolidados, y reforma del mercado de trabajo con rebajas en la indemnización a los trabajadores por despido de 45 días a 33. Para los que nos gobiernan estas eran sus prioridades otras como la reforma financiera no tiene ninguna prisa (aunque no concedan crédito), ya ni hablar de la reforma de la justicia y todo lo que se mueve detrás de los concursos de acreedores y los EREs.
Todo parecía circular con las ruedas colocadas sobre los raíles y sin temor a descarrilar, pero de pronto aparecen las agencias de calificación de riesgos en escena para representar el papel de los que las financian; advierten al Gobierno español que no pueden confiar en sus actos, el motivo esgrimido: la nación se compone de 17 países (Comunidades Autónomas) que hacen caso omiso a los postulados centrales. No queda otra que retirarles los avales a sus políticas y forzarlas a que pongan freno a sus desmanes. Unas recortan salarios en mayor cuantía a los funcionarios, otras deciden suspender los pagos (encubiertamente) a las personas dependientes, algunas despiden trabajadores de empresas públicas, Cataluña retira del horario lectivo la 6ª hora de clase e incrementa el horario del profesorado en una hora lectiva, etcétera.
En mi opinión, todo esto se veía venir y no se trata nada más que de una reducción en cascada comenzada desde la cúspide de la administración central, seguida por las autonomías y que en la siguiente fase va a ser transferida a la vida municipal, estando tan sólo pendiente su aplicación del paso de las elecciones municipales del mes de mayo.
Muchos ciudadanos que en general valoran muy mal a la clase política municipal, están deseando – ilusos ellos -, que los primeros recortes recaigan sobre la clase política propiamente con rebajas en el número de asesores, cargos sin funciones y salarios más equitativos y no sobre los funcionarios ni actividades municipales en general. Pero seguramente será como siempre, no recaerán en los altos cargos más bien serán los mileuristas a quienes más se les recorte y donde más gente se dejará sin empleo. Ellos seguirán a lo suyo, los políticos seguirán siendo auténticos profesionales de la política y nos convencerán de que algunos servicios serán imposibles de mantener. Experiencia no les falta.
