Los padres separados y divorciados ante el trigésimo sexto aniversario de la Constitución Española.
Celebramos el trigésimo sexto aniversario de la Constitución y es por ello que consideramos conveniente recordar que en España actualmente, los españoles varones están siendo privados de gran parte de los derechos que la Constitución Española considera “fundamentales”.
En concreto los padres separados/divorciados y sus hijos, al no aplicarse la Custodia Compartida como norma general en las rupturas matrimoniales, se ven privados de la relación paterno-filial quedando los menores huérfanos de facto.
No se puede dejar un día tan señalado, sin denunciar la violación sistemática de los derechos fundamentales de los padres, madres e hijos de padres separados, y de sus familias extensas, así como el maltrato institucional al que están siendo sometidos por el Gobierno español.
En la España de 2.014 hay ciudadanos que están siendo discriminados por razón de su sexo (varones) y por su circunstancia personal (ser padres), aplicándoseles leyes aprobadas ex profeso, hechas “a medida” que justifican, cuando no alientan, el sufrimiento de miles de familias.
Foto: Mi Mundo
En la España de 2.014 se está condenando, y maltratando, a una generación de niños a situaciones de orfandad -estúpida y cruel- por ley, haciendo “desaparecer” (por acción u omisión) a uno de los progenitores, generalmente el papá…
En la España de 2.014, debido a la negligencia de unos, la ignorancia inexcusable de otros, y la toma de decisiones injustas a sabiendas de muchos, se sigue agravando un problema social de consecuencias incalculables, fomentándose (y justificándose mediante las llamadas políticas de igualdad y de género) la discriminación y la exclusión social de cientos de miles de padres.
En la España de 2.014 continúan alentándose desde el poder políticas de desigualdad basadas en argumentos anacrónicos, supuestamente con el noble objetivo de “defender a las mujeres” (no se sabe bien “de qué”) profundamente sexistas, machistas y mercantilistas, en las que los hijos son sólo un bien económico, y el padre “algo accidental” y prescindible.
Hoy, en la España de 2.014 continuamos estando obligados a recordar que sólo la igualdad -real y no retórica- de derechos de hombres y mujeres, así como la Custodia Compartida como modelo preferente es la única vía para que nuestros hijos crezcan más felices y nosotros más libres.
El gobierno español está vulnerando sistemáticamente la Constitución de 1978, aparte de los diversos tratados y convenciones internacionales a los que está adherido el Reino de España. Veamos a continuación algunas muestras de ello:
– Constitución Española de 1978:
Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
Artículo 24: Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión; Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia,
Artículo 39,1: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Artículo 39,2: Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
Artículo 39,3: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda.
Artículo 39,4: Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos).
Convención Europea de los derechos Humanos:
Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU:
Artículo 20.2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Artículo 23.4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.
Artículo 11.1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo 161. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
– Código Penal Español:
Artículo 205. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Artículo 206. Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.
Artículo 224. El que indujere a un menor de edad o a un incapaz a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En la misma pena incurrirá el progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa.
Artículo 225 bis. 1. El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años. 2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción: 1.° El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
Artículo 229. 1. El abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años. 2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.
Artículo 231. 1. El que teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de un incapaz, lo entregare a un tercero o a un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad en su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
Artículo 233. 1. El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 al 232 la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.
– Convención sobre los Derechos del Niño:
Artículo 9 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
La legislación promovida por el Partido Socialista Obrero Español, y por el Partido Popular, debido a la presión de los lobbies feministas (con el apoyo entusiasta de los demás grupos políticos con representación parlamentaria) inspirada en la denominada “perspectiva de género”, vulnera de hecho casi todos los derechos fundamentales:
– Derecho a la igualdad ante la ley (Se han creado tribunales especiales, “de excepción” para juzgar exclusivamente a hombres, con sanciones más severas que las que recibirían las mujeres en caso de cometer el mismo “ilícito penal”)
– Derecho a la presunción de inocencia.
– Derecho al “hábeas corpus” (a no ser detenido de manera ilegal y arbitraria)
– Derecho a la tutela judicial efectiva.
– Derecho a educar a los hijos.
– Derecho de libertad religiosa.
– Derecho a la normal relación entre padres e hijos.
– Derecho a la igualdad en el trabajo.
– Derecho a una vivienda digna.
En España los varones están discriminados con la excusa de la secular discriminación de la mujer, algo más que cuestionable, y de la que en cualquier caso, de ser cierta, serian responsables nuestros ancestros. A esto se añade el falaz principio de la “discriminación positiva”. Principio auspiciado por las aberrantes teorías de género basadas en falsedades, que han dado lugar en los últimos años a iniciativas legislativas y desarrollo de políticas que, entre otras canalladas, han conseguido:
Mayor número de asesinadas y asesinados.
Mayor número de menores maltratados y asesinados, debido a que en las rupturas de pareja se concede de forma casi automática la custodia monoparental materna, cuando estadísticamente se sabe que es la peor opción para los hijos.
Aumento del fracaso escolar.
Aumento de embarazos no deseados en adolescentes.
Aumento de delincuencia de menores.
Aumento espectacular de suicidios de varones en procesos de separación conyugal.
Aumento de la pobreza en general y de los separados en particular.
Malversación de fondos públicos vía subvenciones a organismos y asociaciones creadas ex profeso.
