A manera de introducción, Panamá después del trágico acontecimiento de la invasión estadounidense en 1989; comenzó a ser administrado nuevamente por gobiernos civiles que han promovido un falso discurso de la construcción y desarrollo de la democracia plena.
Son constantes los problemas que atraviesa la sociedad panameña en su totalidad. Problemas de ingreso económico, salud, educación, canasta básica, alimentación adecuada, viviendas adecuadas, violencia, y empleo y desempleo. Todo problemas que se necesitan resolver para potenciar una verdadera participación ciudadana sinérgica y equitativa que contribuya a desarrollar una democracia social legitima y sostenible en nuestro país.
Panamá al igual que muchos países de la región ha transitado por múltiples políticas nacionales y de consenso internacional (políticas de Estado Bienestar y políticas Neoliberales). El problema es que las políticas aplicadas por cada uno de los gobiernos que hemos tenido, siempre han excluidos algunos sectores de la población, los cuales se refleja en la vulnerabilidad y/o desprotección de éstos. Es decir, esos sectores excluidos llegan a ser vulnerables por no tener el acceso pleno a los servicios públicos y de seguridad social como también, inaccesibilidad a otras garantías sociales. Esa situación, es una demostración de la ineficacia y/o desinterés del Estado y sus gobiernos (transitorios y civiles), para intervenir con verdaderas políticas democráticas, sociales e integrales.
Durante el periodo de las políticas de Estado Bienestar, Panamá creó el sistema de seguridad social (1941), conocido hoy día, como la Caja de Seguro Social (CSS). La CSS es una entidad creada con la finalidad de brindar un servicio de atención salud dirigida a un sector de la población que se consideraba (y se sigue considerando) sector formal.
El sector formal, es aquel que devenga un ingreso económico, reconocido normativamente por las leyes del Estado. En este sentido, el sector informal compuesto por campesinos/as, indígenas y empleados/as domésticos/as y entre otros, quedaban excluidos de ese servicio de atención de salud (no eran cotizantes para la CSS). Este tipo de políticas exteriorizó la inconsistencia de la democracia del Estado panameño; las cuales afectó en su momento a un sector de la población (informal) que no tenía acceso a un servicio de salud social y público.
Actualmente, nos encontramos ante un contexto similar. Todavía en Panamá existe un sector informal que no alcanza satisfacer todas sus necesidades básicas (salud, educación, empleo y vivienda adecuada, entre otros). Asimismo, existen problemas del bajo y desigual ingreso económico de varios sectores de la población.
A pesar de la supuesta democracia impuesta por medio de la invasión estadounidense en 1989; realmente no se ha alcanzado esa verdadera democracia. Desde que los gobiernos civiles después de la invasión, retomaron nuevamente el timón del destino del país (el cual incluye a todos los panameños). El rumbo que ellos han dirigido, no ha demostrado interés de alcanzar esa verdadera democracia.
Cuando hablamos de verdadera democracia; nos referimos a esa democracia que permita el ejercicio de la ciudadanía plena de nuestra sociedad panameña multiétnica; el cual se traduce en una participación ciudadana basada en el ejercicio de todos los derechos y enfocados en los cuatros elementos que la conforman: político, civil, social y cultural.
En este sentido, cada gobierno civil después de la invasión comenzó a aplicar políticas neoliberales que desfavorecieron los intereses del pueblo. Asimismo, estos gobiernos allanaron el terreno antes, para facilitar el trabajo sistemático, excluyente y poco democrático del actual gobierno de Ricardo Martinelli.
La gestión antidemocrática del gobierno actual, se demuestra y sigue demostrándose a través de las constantes políticas neoliberales que tanto afectan al pueblo. Este gobierno esta abonando aún más el terreno para que se genere (más) población vulnerable y desprotegida. Actualmente, existe un desempleo distribuido en 7,7% en la población urbana y 4,7% en la población rural (INEC, 2010).
Además, se encuentra el aumento de los productos alimenticios y no alimenticios de primera necesidad, el cual, según el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), la canasta básica familiar para el 2010 tenía un costo de B/. 272.30 dólares. Situación que va en aumento.
Cabe destacar también, las políticas impuestas por el actual gobierno de manera arbitraria, como: la Ley 30; el cambio currícular del sistema educativo; el aumento del ITBM; cambio de la Ley 10 de la Comarca NgÁ¤be-Buglé; mal abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá; mal cambio del servicio de transporte colectivo público; mala recolección de la basura; y la imposición arbitraria para cambiar la Ley 8, que busca promover la explotación minera a cielo abierto (principalmente dentro de la Comarca indígena NgÁ¤be – Buglé).
A parte, las malas actuaciones de sus instituciones públicas, que cada día siguen mermando el derecho humano de nuestra población. En este caso, el sistema de seguridad pública, como la “policía pública nacional”; la cual conserva un historial de represión contra la propia población en lo que ha iniciado gestiones este gobierno actual. Esos hechos, evidencian la mala administración del gobierno y de lo que nos puede esperar en un futuro no muy lejano, lo cual es la crisis solo percibida y reflejada en el pueblo panameño.
Con todo eso, queda evidenciado que en Panamá todavía se encuentra en una etapa inmadura para consolidar esa democracia social que tanto se anhela.
