El gobierno de España presentó un plan para el reforzar el sector financiero que tiene dos objetivos prioritarios. El primero, restaurar la confianza eliminando cualquiera duda que pueda haber en el mercado sobre la solidez del sistema financiero español y su capacidad de resistencia a la hora de que las instituciones de crédito puedan acudir a financiarse a los mercados internacionales. El segundo, facilitar el acceso a la financiación de los bancos y cajas y canalizar el crédito necesario cara a la economía real, familias y empresas, para apoyar la recuperación económica, buscando unas garantías mayores cara a la solvencia y la fiabilidad de este tipo de entidades.
Las instituciones financieras españolas le pidieron prestado a los mercados de capitales y financiaron miles de pisos que en estos momentos no se venden. Las inmobiliarias no pagan y las instituciones no tienen liquidez para devolver lo que han tomado prestado, lo único que les queda es suspender el pago a los mercados, dado que en estos momentos no pueden refinanciarse por estar el grifo cerrado. ¿Y por qué está el grifo cerrado? Por faltar a la verdad.
Los bancos y las cajas de ahorros españoles tienen una tasa de morosidad menor a la de muchos países, pero esta no se ajusta a la verdad. Han recibido los pisos en daciones en pago transformándose en auténticas agencias inmobiliarias, aplicando así, una fórmula para ocultar en sus activos una morosidad encubierta. Ese es el verdadero problema.
Nos quedaremos sin sector público financiero, nadie financiará aquellas partes del sistema que por riesgo o tiempo no recogía el sector privado, (si es que actualmente lo estaban haciendo) como son: apoyar acciones emprendedoras, apoyar determinadas exportaciones, entrar en gran parte de la innovación tecnológica, etc., en gran medida el crecimiento a largo plazo.
Pero aún me quedan algunas preguntas sin contestar, en primer lugar si, durante este proceso, el Ministerio de Economía y, en su caso, el Banco de España se dieron cuenta de la situación y de la inviabilidad de las entidades fusionadas, y de ser así, ¿por qué avalaron este proceso a sabiendas de que en pocos meses iban a desaparecer para dar paso a un banco? Y sobre todo, ¿por qué avalaron procesos inviables con elevados costes económicos y sociales (prejubilaciones)?. Trabajadores que pasarán a engrosar la lista de prejubilados en la mayor crisis de empleo que recordamos y cuando, además, nos presentan como inevitable el retraso de la edad de jubilación.
Tengo serias dudas que este gobierno venga actuando de esta forma para preservación de los intereses de los ciudadanos. Más bien opino que se trata de una gran jugada maestra de la banca tradicional, apoyada por la politización en las cajas que ha sido un auténtico cáncer y como sigue ocurriendo en estos momentos con la alegación de la crisis como coartada.
Pablo Ansede Espiñeira
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