El gobierno estadounidense deja la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos en manos de empresas privadas que no responden ante ninguna jurisdicción por posibles violaciones de derechos humanos.
La calidad de la fotografía y la sofisticación de las metralletas que portan soldados con la bandera chilena sugieren que no se trata de una imagen de la era Pinochet, sino de soldados chilenos al servicio de la empresa privada de seguridad Xe Services (antes Blackwater).
La foto se encuentra en el supuesto perfil de la empresa en Facebook,. En portada aparece la huella felina negra que distingue al logo de Blackwater. En «imágenes de los fans», uno puede seguir las peripecias en Irak de alguien que se hace llamar «José Daniel Ruz», siempre con una metralleta entre manos. Como pie de foto aparecen comentarios en español de sus «amigos» de la red social.
Las insignias de la bandera de Chile podrían confirmar, como sostiene Naomi Klein en La doctrina del shock, que Xe Services ha contratado a casi mil soldados chilenos para misiones en Irak desde la invasión en 2003. Algunos de estos soldados se entrenaron con el ejército de Chile en la época de la dictadura, según cuenta la periodista canadiense.
En 2004, varios medios de comunicación en Estados Unidos difundieron el asesinato de cuatro civiles norteamericanos. Pero algunos periodistas desvelaron que los cuerpos pertenecían a mercenarios de Blackwater, subcontratada a su vez por el gobierno de Estados Unidos. Más tarde, un ejército de mercenarios se veía implicado en el asesinato de 17 civiles iraquíes. Sucesos como éste plantean dudas respecto a la jurisdicción competente en casos de transgresiones de normas de derecho internacional humanitario o de violaciones graves de derechos humanos.
Hace unas semanas, algunos medios desvelaban un programa de inteligencia que ni el Congreso de Estados Unidos conocía; la CIA ya había contratado a un grupo de mercenarios de Xe Services para asesinar a miembros de Al Qaeda. La operación se abortó gracias a la presión mediática. Aunque las empresas privadas trabajen para la política de defensa de Estados Unidos, no dejan de responder a intereses privados y trasnacionales, lo que deja en un limbo jurídico al personal militar privado.
¿Se consideran civiles? ¿Responden como empleados de una empresa privada contratada de forma subsidiaria como parte del ejército? ¿O tienen la misma consideración que un soldado norteamericano?
El nombramiento, por parte del Secretario General de la ONU, de Gregory B. Starr como sub-secretario del Grupo de Trabajo en materia de seguridad de la ONU confirma ese limbo jurídico en el que se encontrarán cierto tipo de demandas civiles y penales por violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Starr, defensor público de la labor de Xe Services en Irak, declaró que la empresa estadounidense es constitucionalmente inmune a ese tipo de demandas. Tampoco responden ante tribunales iraquíes, pues su contrato así lo prevé. Ante tribunales internacionales no responderán porque Estados Unidos no los reconoce.
No sólo las cuestiones de atribución y de responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos cometidos por contratistas privados plantean nuevos desafíos a los Estados, a las organizaciones internacionales y al derecho internacional. La privatización de sectores públicos básicos como el complejo militar industrial difumina cada vez más la línea que separaba los intereses estatales (el bien común) de algunos intereses privados.
Cargos del gobierno de Bush como Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Richard Clarke, James Baker, Richard Perle y Paul Bremer han amasado fortunas con la guerra por medio de sus empresas, como documenta Naomi Klein. Acusaron de terroristas a quienes cuestionaron su ética, al compaginar cargos públicos con hiperactividad en empresas privadas relacionadas con el ejército o con la «re-construcción» de los países que habían recomendado destruir en nombre de la seguridad internacional.
Desde un punto de vista diplomático y de eficacia militar, las contiendas en Irak y en Afganistán podrán considerarse un fracaso, pero no así desde una perspectiva empresarial. No hay más que comparar los precios de las acciones de Halliburton, Lockheed, Carlyle Group, Bechtel y otras compañías antes y después de la guerra «contra el terrorismo».
Una visita a la página web de Xe Services da una idea de la magnitud del negocio, convertido en un paquete de entrenamiento y de apoyo material y logístico para destruir, reconstruir, dar protección diplomática, realizar misiones humanitarias y repartir alimentos; un servicio que hace de las invasiones militares un negocio redondo.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
