Es consustancial a la democracia la libertad de información. Una sin otra no se entiende. Por ello, cuando la democracia es asediada por fuerzas que desean imponerse al margen de la opinión de los ciudadanos, el periodismo actúa de termómetro para medir la calidad de un sistema que se basa en el reconocimiento de derechos y libertades. Cuanto más perseguida es la prensa, menos democracia existe y mayores actitudes autoritarias, en el mejor de los casos, o dictatoriales, en el peor, la desplazan. Cada año, el registro de los periodistas secuestrados, asesinados o encarcelados retrata los países donde la censura y la falta de libertades campan por sus respetos. Y no vamos a mejor.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el año pasado aumentó un 129 por ciento el número de periodistas secuestrados, una cifra de 87 informadores. Otros 75 fueron asesinados, más de 2.000 agredidos y otros muchos han tenido que huir. Es Siria el país que encabeza la lista donde buscar la verdad para contarla resulta más peligroso. Siempre es la guerra el contexto que hace del periodismo un testigo incómodo y lo convierte en su primera víctima. Tras Siria aparecen Somalia, Pakistán e Irak, países que confirman la regla anterior, pues en ellos actúan grupos armados, milicias islamistas y gobiernos corruptos que impiden la labor informativa.
España aporta reporteros a estos escenarios tan peligrosos para ejercer la profesión. Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García son dos ejemplos de ello. Para la presidenta de RSF, Malén Aznárez, los periodistas se convierten en “monedas de cambio” en estos conflictos. No sólo se les enmudece, sino que los intercambian para alcanzar otros objetivos (económicos, mediáticos, etc.)
Aparte de los secuestros y los asesinatos, la cárcel es otro destino recurrente del periodismo, en aplicación de leyes reguladoras y coercitivas de la libertad de opinión e información. China, Irán, Eritrea y Turquía son los países que más periodistas tienen en prisión del mundo, con un total de 200 informadores apresados entre rejas por dedicarse al ejercicio de su profesión sin amoldarse a las directrices del poder de turno.
En este sentido, es preocupante la deriva autoritaria del Gobierno español al pretender entorpecer la labor periodística con la próxima Ley de Seguridad Ciudadana. Con la aplicación de esta ley, los informadores tendrán mayores dificultades para recoger información y grabar imágenes de las actuaciones policiales en sus enfrentamientos con manifestaciones en la calle, lo que equivale en la práctica a un tipo peculiar de censura.
El cierre de televisiones públicas autonómicas, como Canal Nou en Valencia, el control gubernamental de la RadioTelevisión Española y la progresiva concentración de medios de comunicación en manos de empresas privadas ajenas al negocio periodístico, dibujan un panorama inquietante para la libertad de información en nuestro país. Incluso la Ley de Transparencia, recientemente aprobada por el Parlamento, es considerada insuficiente por RSF, ya que no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental y establece el “silencio negativo” de la Administración como mecanismo para negar esa información.
El periodismo en España también desvela las carencias de nuestra democracia y los retrocesos que se consuman en derechos y libertades, así como en la pluralidad informativa.
