Leo con perplejidad artículos de opinión que siguen insistiendo en el error que supone eliminar o bajar impuestos porque sirven para “garantizar servicios públicos o crear empleo de calidad” mientras se sigue abanderando una “planificación de la economía”. Después, la perplejidad deja paso al pavor cuando se echa un vistazo a los “planificadores” y sus planteamientos.
Porque asar a impuestos a los empresarios, haciendo sus productos o servicios más caros, menos competitivos, o incluso inviables, acortar el poco diferencial que en precios pudiera haber con fabricantes o productores de otras regiones o países, para que luego se apuesten esos impuestos, vía subvención o ayudas, con la consiguiente merma de lo administrado públicamente, a una o dos arbitrarias cartas, es, simplemente, suicida.
Máxime porque la supuesta “planificación”, es luego realizada, en el mejor de los casos, por personas ajenas absolutamente a las tendencias del mercado o a las demandas de los consumidores. Diría más, ajenas a la realidad, encerradas en el mundo que sus respectivas ideologías les dibuja en la imaginación. Y como hoy en día los partidos y, por tanto, el poder, están en manos de “ensoñadores” y no de tecnócratas, a mayor poder, más erran. Eso en el mejor de los casos, porque tal y como están los partidos, siempre pueden ser agentes de lobbies ocultos o de intereses inconfesables.
Estos “planificadores” apuestan por los productos que les gustaría tener, bueno, mejor dicho, que les gustaría que los ciudadanos tuviéramos, que les gustaría ver en su “ensoñada” sociedad. Confunden sus deseos con la realidad. Y nos lo hacen pagar muy caro.
Un ejemplo de esto es el coche eléctrico. No es un ejemplo casual, ya que Zaragoza es una ciudad del motor. Seguro que el mundo es más limpio y bonito si todos fuésemos en coche eléctrico, pero el mercado todavía demanda mayoritariamente vehículos cada vez más voluminosos, con más prestaciones y de menor consumo y coste. En las antípodas del concepto de coche eléctrico: compacto ligero y urbano, de dos o tres puertas y caro de narices.
Además, España no tiene marcas propias de automóviles, por lo que en el hipotético caso de que la española inversión en tecnología eléctrica diese frutos, beneficiaría a dichas marcas extranjeras, dado que aquí somos fabricantes de componentes, y lo mollar del beneficio de la automoción queda en la marca, (y eso lo saben bien tantos y tantos empresarios aragoneses del sector que ven cómo día a día se aprietan los márgenes de beneficio por la competencia asiática).
Ni que decir tiene que, para esas marcas forasteras, si cambia la tecnología, ante la decisión corporativa de montar una fábrica de motores de automoción eléctricos desde cero, mejor montarla directamente en un país con costes salariales ridículos. Mas nos valdría a los aragoneses investigar en mejorar los sistemas productivos que en renovarles la tecnología (gratis) a empresarios extranjeros. Más nos habría valido luchar para que Alba estuviera en Walqa (muy progresista que se instale en Cataluña, por cierto) que perseguir pilas de hidrógeno.
Ojo, no cabe duda de que con el coche eléctrico la calidad de vida de los hombres mejorará sensiblemente… cuando esa electricidad sea realmente limpia. Medioambientalmente no tiene sentido quemar los hidrocarburos en centrales térmicas en vez de en los propios coches, sin entrar ya en el balance del rendimiento energético. En otras palabras, antes de dar el paso al coche eléctrico hay que dar el paso energético. Si no, es como andar dos pasos con la pierna izquierda antes de dar uno con la derecha. El guarrazo es inevitable.
Ya no entro en que, además, por una estúpida política energética, España es deficitaria en energía eléctrica barata, por lo que un aumento del consumo aún haría que la balanza comercial se inclinase más hacia el exterior, aunque las eléctricas catalanas aplaudiesen hasta con las orejas.
Si a eso le unimos una política educativa que iguala por abajo, para que nadie se sienta inferior, convirtiendo los centros educativos en estabularios, cuando se utilizan lenguas vehiculares que no son la materna, etc., se está degradando por anticipado a los futuros trabajadores de directores a gerentes, de jefes a administrativos, de oficiales a peones. A toda la nación de potencia a aliada.
La torre de babel en que las diversas normativas autonómicas fragmentan el mercado, incrementando los costes administrativos y creando artificiales barreras burocráticas y legislativas, un sistema judicial cada vez menos independiente, creando inseguridad jurídica, precipitan al mercado español al abismo… Pero estábamos hablando de impuestos y planificación…
Si realmente el poder político quisiera trabajar para sus ciudadanos, removería cielo y tierra para bajar impuestos, sobre todo en los sectores productivos, y en vez de tratar de imaginar qué es lo que más nos conviene, escucharía las demandas de estos mismos sectores, que en Aragón, he oído por ahí, se resume en una única palabra: Comunicaciones.
Las pocas inversiones que realmente tiene sentido que la administración haga, las infraestructuras, deben orientarse en esa dirección. Y hay que ser plenamente conscientes de que estamos inmersos en una organización política autonómica donde nuestros vecinos* son competidores, y además competidores poderosos con una gran influencia en la administración central. Eso quiere decir que, si pueden, mientras no vivamos en un estado centralizado de circunscripción única, nunca habrá dinero para sectores que puedan representar competencia para ellos. Nunca se realizarán las inversiones hidráulicas que históricamente se llevan postergando para nuestra comunidad, excepto aquellas que tengan sentido logístico para ellos. No escucho ecologistas bramar contra el secuestro de nuestros arroyos pirenaicos, en pos de saltos eléctricos que energéticamente representan la fracción de una flatulencia comparándolos con una central nuclear de tamaño medio.
* Hago un inciso para aclarar que cuando hablo de vecinos me estoy refiriendo a los caciques de las comunidades autónomas adyacentes o no a Aragón, no a sus sufridos ciudadanos que, en muchos casos, no son sino aragoneses, también.
Algunas comunidades vecinas claman que se tira agua al mar que podría regar a la huerta de Europa, y que los impuestos de esos beneficios serían para todos, mientras de tapadillo firman cláusulas en sus estatutos de autonomía que dejarán en su casa esos hipotéticos superávits fiscales. Esas comunidades vecinas callan el hecho de que el kilogramo de tomate es cien veces menos rentable que el kilogramo de coche manufacturado, y que sería más rentable fabricar coches y comprar la misma insípida fruta de invernadero en África. (Lo que, dicho sea de paso, elevaría la calidad de vida de los africanos y no tendrían que venir aquí). Y por si acaso alguien las escuchaba de forma literal, que sepan que era césped de golf, o sea, ladrillo costero, lo que en realidad querían cultivar. Y hoy día, el ladrillo aún vale menos que el tomate.
Y ése es el juego, no nos equivoquemos. En Cartagena lobbies de otras comunidades han abortado la construcción de un puerto, con falaces escusas que, por utilizar la ecología, aún son más inmorales. Ni soñemos con que se nos apoyará desde el estado central para competir con catalanes y vascos por otra puerta a Europa, o para que la del Ebro pueda ser reflejo de la industrializada cuenca del Rin.
Es descorazonador ver cómo nuestros políticos, en lugar de luchar por el futuro de los aragoneses, simplemente evitan estos conflictos de intereses, y coherentemente con esa pusilánime actitud, consienten casinos.
Y es ya sonrojante comprobar que no se dan cuenta de que las arcas públicas estarían mucho más llenas si los que están parados trabajasen, si los que trabajan ganasen más y si la administración administrase (valga la redundancia) tan eficazmente como cualquier empresario o ama de casa. Menores impuestos, pero más ingresos. Cuesta el mismo esfuerzo montar coches que cultivar tomates, pero no se factura lo mismo. Hagan la cuenta ustedes mismos, no dejen que otros sumen por ustedes.
Ante ese panorama, antes que líneas de tranvía que sólo sirven para que determinadas promociones inmobiliarias incrementen su valor, o expos que serán –son ya- silenciosos camposantos, ambas a un terrible costo-ciudad, sería mucho más eficaz generar fondos para que, en diez años, los aragoneses podamos construirnos, (a tocateja) travesías centrales e infraestructuras hidrológicas y ferroviarias. Porque nadie más lo hará. Y más valdrá dejarlo atado, y ser todos conscientes de su importancia, porque tiemblo de pensar lo que un gestor como los que tenemos actualmente haría con el dinero en el año nono. Porque son incompetentes, “ensoñadores” o, directamente, agentes foráneos.
Y sobretodo y más importante, Despertemos de una vez y no nos dejarnos llevar por los cantos de sirena del autogobierno, (porque es lírica que intencionadamente nuestros vecinos más ricos nos susurran para que nos estrellemos) y peleemos para eliminar esta actual caciquil concepción territorial de España, estúpidamente diseñada para ser fraticida, en pro de la que, nuestros políticos, especialmente los que se dicen progresistas, luchan.
