Más de 150 millones de euros al año cuestan a España las cerca de 200 oficinas en el exterior de sus comunidades autónomas. Y en tiempos donde se pide a los ciudadanos “apretarse el cinturón”, estos gastos son difíciles de asumir por muchos españoles. Hace unos días el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ofrecía las instalaciones de las sedes diplomáticas del país a las comunidades autónomas, como medida para rebajar el déficit público. Mientras para algunos las sedes en el exterior son un despilfarro, otros hablan de valor añadido.
Cataluña es la comunidad con más representación en el exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía. Entre estas tres, suman una cifra cercana a 100 oficinas. Muchas en lugares estratégicos, como puede ser Bruselas, pero también en otros, como Mozambique o Ucrania, que no parecen ser países de alta prioridad. En el último año, sólo Asturias y Castilla La Mancha han decidido cerrar sus oficinas en países extranjeros, como medida de ahorro. Sugerencia que ya lanzó el ex presidente de Gobierno de España, Rodríguez Zapatero. Pero, en ese momento, a nadie le pareció que fuese interesante para aplicarla.
Comunidades autónomas, como Cataluña, creen que las oficinas en el exterior son fundamentales. Incluso, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 se recalca la importancia de la presencia de esta comunidad en el extranjero y se habla de impulsar estas oficinas para apoyar la imagen de Cataluña en el exterior y para mejorar las relaciones de bilaterales.
Por su naturaleza, las sedes autonómicas en el exterior no son negativas. Todo lo contrario, ayudan a mejorar la imagen de las autonomías, y por tanto de España. Además, se crean alianzas y relaciones de cooperación que son beneficiosas. Sin embargo, todo esto debería quedar en un segundo plano cuando lo que está en juego son recortes en servicios básicos, como la educación, la sanidad o las pensiones. Los ciudadanos españoles, un día sí y otro también, escuchamos a nuestros políticos hablar de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Y hay que darles la razón. Las Administraciones han vivido como nuevos ricos. Gastando dinero, porque lo había o, por lo menos, porque había crédito. Pero hoy las cosas han cambiado. La crisis ha hecho que el Gobierno, este y el anterior, tomaran medidas muy duras de ajuste para controlar un déficit público que veían dispararse. La receta, entonces, no ha sido recortar gastos superfluos, oficinas en el exterior o rebajar el número de asesores. La receta, recortar servicios básicos, no pagar la calefacción de los colegios o la luz o reducir el número de médicos.
En España, queremos ser como los europeos. Pero aún hay muchos países que nos dan lecciones. Ahí están los países nórdicos que comparten edificios de sus sedes de embajadas y consulados por muchos países del mundo para abaratar costes en seguridad, en personal, en administración… Ese puede ser un ejemplo de eficiencia a seguir.
Para muchos expertos, la creación de oficinas de España en el extranjero no ha seguido un orden estratégico. Han proliferado por países de todo el mundo, quizá, de una manera desordenada. La coordinación de nuestro trabajo en el exterior puede dar grandes frutos en el futuro sin necesidad de despilfarrar el dinero de los ciudadanos. Los españoles ya se han apretado el cinturón, “han hecho esfuerzos”, como decía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saéz de Santamaría. Ahora es el momento de las diferentes Administraciones. Es necesaria una mayor coordinación para que no haya duplicidades, pensar en el bien general para que todos salgamos de esta crisis. Sin dejar atrás derechos y servicios públicos que tanto costó conseguir.
por Ana Muñoz Álvarez
Periodista
