El pueblo español ha dado muestras más que sobradas de su madurez democrática en estos últimos 37 años de vigencia de un sistema de libertades en nuestro país. Había conquistado la democracia después de pasar la más larga y desoladora noche de la dictadura franquista con un apetito que aún no se sacia de libertad y reconciliación para con todos, vencedores y vencidos.
La madurez y la responsabilidad de las que ha hecho gala la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos han convertido a España en un país políticamente estable, jurídicamente seguro y socialmente formal, más fiable que muchos otros de mayor “pedigrí” democrático en Europa.
Ello se constata en el modo en que ha afrontado una crisis económica que ha encendido revueltas y revoluciones en otras latitudes, pero que aquí, lejos de generar algarabías callejeras y violencia incendiaria, ha servido para confirmar en el poder a los mismos que la provocaron con sus políticas de liberar todo el suelo como edificable, hinchar una burbuja inmobiliaria y permitir el enriquecimiento fácil y rápido, sin apenas control y menos aún regulación.
Luego, cuando se difuminó el espejismo, se los mantuvo en el poder para que decidieran el empobrecimiento de una población sumisa y resignada a su suerte, aunque cada vez más frustrada por la persistencia de unos males que siempre castigan a los más débiles, sumiéndolos en una desafección que les impide votar siquiera a aquellas formaciones populistas o radicales que florecen cual setas en momentos de zozobra ideológica y nubarrones en el horizonte. No es un pueblo partidario de los experimentos.
Es por ello que los españoles se sienten plenamente capacitados para ejercer su soberana voluntad democrática de manera mucho más activa que la que le brindan los partidos políticos instalados en el sistema.
Dada la seriedad con la que cada cuatro años asumen su derecho con las urnas, ya sería hora de depositar más confianza en el buen juicio de unos votantes tan formalitos y centrados, justo cuando las formaciones políticas comienzan a plantearse una confusa regeneración democrática con la que buscan recuperar la credibilidad perdida.
Todos los partidos del arco parlamentario ofrecen alternativas de regeneración, pero ninguno afronta con rigor una verdadera renovación de estructuras, aparatos, personas y procedimientos internos que los vuelva más transparentes y democráticos ante los ciudadanos, únicos “auditores” de su funcionamiento.
Ášnicamente los partidos de izquierdas (PSOE e IU) han comenzado a emplear el sistema de “primarias” para la elección de determinados candidatos (a la Secretaría General y, posiblemente, para el cabeza de lista en unas elecciones generales), más bien como estrategia en momentos de baja estima social que como sincera y permanente voluntad de apertura hacia los militantes y simpatizantes.
Las primarias posibilitan la novedad de asistir al debate entre los candidatos de una formación en el que confrontan pequeños matices del mismo proyecto para atraerse el apoyo de sus correligionarios, sin despertar demasiado entusiasmo de puertas afuera de la sede del partido. Pero algo es algo.
Sin embargo, queda mucho por hacer. La democracia española aguarda una profunda reformulación que la transforme en un sistema mucho más abierto y diáfano de lo que en la actualidad es, pues se halla prácticamente prisionera de los partidos políticos y de un sistema electoral rígido, complejo y limitado, que no “transcribe” con fidelidad la expresión literal de la voluntad popular cuando se le consulta.
Mientras un bipartidismo favorecido por ese sistema conseguía mayorías claras para alternarse en el poder sin ser cuestionado, la cosa funcionaba sin más sobresaltos que el intercambio periódico de poltronas.
Pero en cuanto surgen amenazas a ese cómodo reparto del pastel entre dos que nunca disentían de la “infraestructura” económica ni de la “superestructura” social que les convenía, empiezan a aflorar los nervios y las ocurrencias a mitad de partido, como la presentada por el Partido Popular para, por ley, elegir a partir de ahora el alcalde de la lista más votada (en caso de minoría mayoritaria, se entiende).
Ellos, que se han coaligado con comunistas para evitar que gobiernen socialistas en pueblos y comunidades autónomas, vienen ahora con supuestas normas de respeto a los votantes. No lo hacen por prurito democrático, como argumentan con énfasis sus áulicos portavoces, sino por el vaticinio certero de que perderán muchos ayuntamientos y alguna comunidad de su feudo histórico por no lograr mayorías absolutas.
En tales circunstancias, un eventual acuerdo entre las demás formaciones que configuran la oposición podría desalojarlos del poder. Demasiado poder perdido como para andarse con chiquitas. De ahí que vendan esa reforma exprés de la ley electoral como una mejora democrática que cumple las aspiraciones de los ciudadanos. Aluden a los votantes con el nepotismo clásico de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
Si de verdad se desease respetar los deseos de los ciudadanos, lo suyo sería dejarlos decidir. Debieran ser ellos, y no los partidos mediante una ley a conveniencia, los que se encarguen de señalar con su voto al designado para cada puesto entre candidatos sometidos a una segunda vuelta.
Sería un sistema de “secundarias” (por seguir jugando correlativamente con el término empleado en las primarias) que le brindaría a los electores una segunda oportunidad para votar una terna con las opciones de mayores posibilidades e incluso para cambiar de opinión respecto a su primera votación.
Las segundas vueltas en unas elecciones favorecen la integración de intereses fragmentados en torno a una candidatura exitosa, lo que obligaría a realizar negociaciones y acuerdos entre partidos y candidatos para responder a las preferencias de los ciudadanos. Ello atenuaría el voto dividido entre formaciones que comparten el mismo espectro ideológico.
Evidentemente, tal sistema no es del agrado de la derecha española, representada en todas sus variantes –desde el centro hasta la extrema derecha- por un sólo partido, el Partido Popular. Por eso prefiere que se respete la lista más votada, no por una súbita susceptibilidad democrática. Más bien, al contrario, muestra un desprecio supino a la madurez del pueblo español para tomar decisiones que le comprometen y competen.
De esta manera se hurta al ciudadano la posibilidad verdaderamente democrática de elegir entre ofertas que no consiguen mayorías absolutas. Todo lo demás son aritméticas electorales diseñadas para conservar el poder cuando los votos pueden decantar cualquier resultado, siempre perjudiciales para quien detenta el poder.
Tan democrático es que gobierne la minoría mayoritaria como la coalición formada por el resto de las minorías. Pero más democrático sería dejar que el pueblo decidiera entre los candidatos minoritarios con mayores posibilidades en una segunda votación, aunque a la derecha le repugne la idea.
Y es que no hay convicción alguna para profundizar en la democracia realmente. Si la hubiera, a estas alturas ya estarían establecidas las listas abiertas para que los votantes escojan sin restricciones quién desea que les represente.
Parece inaudito que, 37 años después, los partidos no se fíen de los ciudadanos y los obliguen a regirse por un sistema de listas cerradas con el que votan a una lista de candidatos (papeleta electoral) elaborada por los partidos, sin posibilidad de alterar el orden ni las preferencias. Son listas bloqueadas que sólo posibilitan el todo o nada.
Las listas abiertas, que significarían unas terciarias entre las posibilidades de regeneración que estamos exponiendo, darían oportunidad a los ciudadanos de votar al candidato conocido en su demarcación, no a una lista de políticos en su mayor parte desconocidos y ajenos a los problemas de la circunscripción por la que se presentan.
La lealtad de los candidatos de una lista cerrada es hacia el aparato del partido que los incluye en la papeleta, no para con los votantes a quienes deberían representar, ganarse su confianza y atender sus requerimientos.
Poder establecer la preferencia entre candidatos de una lista abierta es un sistema que ya rige en España para las elecciones al Senado, pero no para el resto de elecciones, y que está establecido en países como Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Brasil, Italia, Finlandia y otros.
Es evidente que el sistema de listas abiertas supone una mayor transparencia y una más activa participación del ciudadano en la elección de sus representantes, pero resta protagonismo a los partidos políticos para distribuir puestos a su antojo. Sería una terciaria que acentuaría la soberanía democrática en quien la posee, el pueblo español, y no en esos meros instrumentos de participación que son los partidos políticos.
Por eso, puestos a “pulir” nuestra democracia con reformas que la fortalezcan, sería conveniente no limitarse en instaurar primarias, sino continuar también con secundarias y terciarias que propicien la adhesión y la credibilidad de la ciudadanía en su sistema político. De lo contrario se corre el riesgo de tirar por la borda todo lo bueno y positivo que la democracia nos ha deparado y que se resume en una palabra: libertad.
