Es sabido que Barack Obama ganó las elecciones para un segundo mandato en la Casa Blanca tal y como el pueblo norteamericano ha determinado con sus votos en la jornada del martes pasado. Eso satisfizo mis preferencias ya expresadas en un artículo publicado en estas mismas páginas (Opto por Obama, 06-11-12). El presidente demócrata de los Estados Unidos de América dispone ahora de otros cuatro años para materializar un programa que contempla la subida de impuestos a los ricos, la contención del gasto militar y la inversión en políticas sociales, entre otras promesas de su Programa electoral.
Y si ya en aquel artículo, hecho público antes de que se celebrasen los comicios, argumentaba tres razones por las que me decantaba por Obama, la referente a Puerto Rico quedó deliberadamente esbozada aunque era la más directamente ligada a mi persona, la más sentimental de todas ellas. En principio, quería sólo subrayar la contradicción que se abate sobre su población pese a ser, a efectos legales, ciudadanos norteamericanos que disponen de pasaporte, moneda y ejército USA, pero carecen del derecho a votar al Presidente de los Estados Unidos, salvo si residen en el continente, siendo la isla territorio yankee bajo el estatus político de Estado Libre Asociado (ELA).
Y es que los puertorriqueños votaron en esas elecciones asuntos trascendentales para su comunidad, tales como la constitución de las Cámaras de Representantes y del Senado de la isla, el Gobernador (parecido al presidente de Comunidad Autónoma en España), el Comisionado residente (representante con voz pero sin voto ante el Congreso de Washington) y los alcaldes de los municipios. Y algo más importante: también, por cuarta vez en la historia, el pueblo de Puerto Rico fue consultado sobre diversas opciones a la situación política territorial: es decir, sobre la relación “colonial” que mantiene con EE.UU., pudiendo elegir entre seguir siendo un Estado Libre Asociado, incorporarse a la Unión como el Estado número 51 u optar por la independencia y convertirse en un país soberano.
Aunque sin consecuencias jurídicas inmediatas, esta consulta sobre el estatus político de Puerto Rico representa una forma democrática de atender las aspiraciones de los puertorriqueños, quienes desde el año 1952, en que se convirtieron en Estado Libre Asociado, han hecho prevalecer el actual status quo, a pesar de que el nivel económico de la isla y el número de desempleados no aguantan una comparación con los existentes en EE.UU. Sin embargo, esa relación de dependencia con la primera potencia mundial les ha permitido disfrutar de una estabilidad política, económica y social sin parangón en la mayoría de países caribeños del entorno. Quizás por ello, según datos de la Comisión estatal de Elecciones, los votantes han preferido en esta ocasión alterar esa relación en vez de mantenerla (53,99% frente a 46,01%), decantándose por la estadidad de forma mayoritaria (61,15%) frente a las opciones del ELA (33,31%) o la independencia (5,53%).
Habrá que ver cómo satisface Estados Unidos esa voluntad de los puertorriqueños por convertirse en la estrella número 51 de la bandera norteamericana. Porque, aún sin ser un plebiscito vinculante, el Congreso de Washington deberá debatir los pro y los contra de la anexión y dar una respuesta a la situación política territorial de Puerto Rico. Una cuestión que desde España es vista con la máxima curiosidad por comunidades que, sin derecho a la independencia, desearían un mayor autogobierno en relación con el Estado del que forman parte, como son el País Vasco y Cataluña. Todo ello hacía sumamente interesante las elecciones norteamericanas del martes pasado y doblemente atractivo el referéndum celebrado en Puerto Rico en la misma fecha: por el ejemplo de democracia y valor sentimental.
