Cada día nos llevamos a la boca decenas de alimentos. Confiamos en marcas como Kraft, Coca-cola, Nestlé, Danone. Pensamos que los nuevos alimentos funcionales, a los que se les atribuye cualidades terapéuticas, como huevos enriquecidos con ácidos grasos omega 3, leche y yogures fermentados con cultivos probióticos y cereales con ácido fólico nos permitirán vivir más y mejor. Pero hay un lado oscuro de aquello que comemos.
El uso de colorantes, edulcorantes, emulsionantes y saboritzantes es una práctica habitual a la hora de procesar los alimentos que consumimos. En Estados Unidos, y a través de la ingesta de comida, se calcula que cada ciudadano toma anualmente 52 kilos de aditivos, hecho que genera crecientes dosis de intolerancia y alergias a los mismos. El ingrediente artificial que más problemas genera es la sacarina, el más extendido de todos, junto con la cola y la cafeína.
Según una investigación realizada en la Universidad de Southampton, en el 2007, por encargo de la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido, la mezcla de colorantes artificiales alimentiarios con el benzoato de sodio, un conservante utilizado en helados y repostería, produciría un aumento de la hiperactividad en niños. Cómo señalaba el profesor Ruperto Bermejo, experto en colorantes alimentarios de la Universidad de Jaén, la solución pasa por sustituir los colorantes artificiales por otros de naturales, sin embargo «para la industria, el coste de los colorantes naturales es mucho más elevado que el de los sintéticos». Una vez más los intereses económicos prevalecen por encima las necesidades y el bienestar de las personas.
Y es que unas pocas empresas monopolizan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria, desde las semillas, pasando por los fertilizantes hasta la distribución de los alimentos. La distancia entre el campesino y el consumidor se ha ido alargando en los últimos años, con la consecuente pérdida de autonomía por parte del productor y la creciente mercantilización de la comida. Unas pocas empresas acaban determinando aquello que comemos: qué, cómo, cuándo y dónde se elaboran los alimentos y qué precio se paga por los mismos tanto en el origen, al campesino, como en destino, en el supermercado.
El derecho a decidir en las políticas agrícolas y alimentarias no está hoy garantizado. Hay que reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, el acceso del campesinado al agua, a la tierra y a las semillas, a poder escoger alimentos libres de transgénicos. Sólo así nuestra seguridad alimentaria será una realidad.
