Algunas organizaciones humanitarias han retirado sus proyectos en zonas de conflicto armado por el creciente número de secuestros y ataques contra sus trabajadores. Se ha cuestionado la neutralidad política que se espera de ellas en situaciones de conflicto. Unos ponen las armas, otros ponen los muertos y luego llegan las ONG, utilizadas para “ganarse los corazones y las mentes” de la población civil. El riesgo de una posible complicidad del “tercer sector” con situaciones de injusticia ha elevado el valor de otro tipo de iniciativas.
Por medio de la campaña Banca Armada, el Centro de Estudios por la Paz de la organización Justicia y Paz, Servicio al tercer Mundo (Setem) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización se han infiltrado en las juntas de accionistas del Banco Santander y del BBVA para denunciar las inversiones en la industria armamentística.
El Banco Santander tiene acciones en fondos de inversión de empresas de armas por casi 100 millones de euros; ha emitido bonos de esas compañías por 154 millones y les ha dado créditos por 705 millones, según datos de la iniciativa Banco Santander sin armas. BAE Systems, Boeing, EADS, General Dynamics, Northrop Grumman y Lockheed Martin figuran entre las empresas donde estos bancos han invertido fondos.
No sólo fabrican armas nucleares, aviones telediridigos y misiles, sino también de armas ligeras, bombas de racimo y minas anti-persona que muchos niños han confundido con juguetes y caramelos.
El Santander tiene 3 millones de euros en bonos de Finmeccanic, una armamentística italiana que tenía participaciones de la Lybian Investment Authority (LIA), del anterior gobierno libio, que utilizaba las armas para reprimir a la población civil. El BBVA ha invertido millones en Indra, Hispasat y Rymsa, que fabrican armamento utilizado a veces contra poblaciones civiles en masacres que indignan a la opinión pública.
Lo que estos bancos le niegan a autónomos y familias en un contexto de crisis económica lo invierten en armas y en empresas contaminantes. O en multinacionales como Wal Mart, que no respeta los derechos laborales, y que está en el punto de mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios públicos de distintos países, según The New York Times.
Hace unos años, en plena final de Operación Triunfo en España, el presentador Jesús Vázquez, recién nombrado embajador de ACNUR, pedía un especial reconocimiento para el patrocinador del evento. “El BBVA ha invertido en proyectos para que los niños tengan en las manos bolígrafos en lugar de fusiles”, comentó el embajador de ACNUR.
Esta anécdota da una idea de la capacidad que tiene el marketing de invertir los papeles y de confundir conceptos.
Algunas multinacionales llaman “Responsabilidad Social Corporativa” a lo que forma parte de una campaña de imagen que sirve además para desgravar impuestos.
Promueven iniciativas que consisten en animar a sus trabajadores a hacer voluntariado una vez cada año en “alguna oenegé”, en especial las que tienen programas con niños para poder mostrarlo con imágenes en su memoria anual. El gesto de algunos directivos se tuerce cuando se les pide una aportación económica por los cursos de formación, el material y el funcionamiento del proyecto, como si el responsable de voluntariado que los visita en pleno corazón financiero de la ciudad no se percatara del lujo de los despachos. O se sorprenden cuando la organización les pide que dejen salir a sus trabajadores a su hora, una vez cada semana, para poder integrarse con continuidad en alguno de los programas. Para evitar que el compromiso solidario se inmiscuya en las jornadas laborales, prefieren actividades los sábados o los domingos. Cuando se les explica que sin formación no puede haber un voluntariado serio y comprometido, exigen que ésta se adapte a esas exigencias horarias.
Las organizaciones sociales, que desarrollaron dependencia de las administraciones públicas, intentan sobrevivir en un contexto de recortes.
Algunas se preguntan si tiene sentido convertirse en lo que no fueron en sus inicios: agentes para limpiar la imagen de empresas que dañan el planeta y atentan contra los derechos humanos.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
