El argumento que ha dado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para justificar los cambios en el equipo directivo de la Unidad de Grandes Contribuyentes, ha sido el que esta unidad “estaba llena de socialistas”.
Dicho así la cosa se puede interpretar como una purga ideológica, como así ha sido catalogada por algunos, pero está claro que no se trata de una simple cuestión de “rojos” o “azules” sino que estos cambios vienen dados porque la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) escapa al control del Gobierno, visto así puede dar la impresión de que la UDEF está sumida en el caos y en el desorden más anárquico, no, lo que ocurre es que el Gobierno no “controla” a los 300 policías especialistas en delitos financieros y fiscales con un prestigio altamente reconocido.
El Gobierno no puede “controlar” las inspecciones y posteriores informes de esta unidad sobre el caso Bárcenas, el caso GÁ¼rtel, las andanzas de la ministra de Sanidad, Ana Mato; y de su esposo el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.
Nada más llegar al Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ante el hecho de que los antecedentes de la UDEF demuestran que sus efectivos no van someterse a las órdenes de ningún superior, algo que inquietaba y sigue inquietando al Gobierno de Rajoy, que tiene la creencia de que la unidad está controlada por agentes cercanos al PSOE, puso al frente de la Comisaría General del Poder Judicial a José Enrique Gutiérrez Ulla, un hombre de su confianza, pero este fue destituido fulminantemente a los seis meses por el director general de la policía, Ignacio Cosidó, por no haber frenado una investigación de la UDEF sobre el ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, un caso que se está viendo en los juzgados de Estepona.
Lo cual viene a demostrar que no era el PSOE quien controlaba a la UDEF, sino el buen hacer de sus agentes que no saben ni quieren saber quién es quién sino que simplemente su labor se circunscribe a la tarea de detectar la delincuencia en materia fiscal. No digo nada nuevo si señalo que en los casos citados está presuntamente implicado el Partido Popular y algunos miembros y exmiembros del Gobierno, entre ellos Mariano Rajoy, de ahí su interés por “controlar” la UDEF ya que el futuro inmediato del Gobierno está en manos de la UDEF, por tanto se trata de bloquear con los cambios la labor investigadora de este cuerpo especial.
La reciente y fulminante destitución de una inspectora de este selecto grupo policial por haber sancionado, por fraude fiscal, con 400 millones de euros a la cementera Cemex, sanción que al final ha quedado en 15 millones de euros y la reciente y tragicómica amnistía fiscal demuestran que el Gobierno está por la labor de favorecer a los corruptos y a los defraudadores, a los grandes defraudadores, haciendo cambios en la cúpula de la Unidad de Grandes Contribuyentes que afecta a grandes capitales y a grandes empresas y que suponen más del 70% del fraude fiscal que se da en nuestro país.
No, como antes he dicho no se trata de una cuestión de si “rojos” o “azules” sino de “controlar” y marcar las líneas maestras de a quién se puede o se debe inspeccionar y a quien no.
