¿Es lícito que el cardenal Rouco y, en general, la Iglesia católica, protesten contra la la actual ley del aborto? ¿Tienen razón los que se enfadan tanto y ven en este comportamiento, un intento poco menos que totalitario de injerencia en el poder civil?
Intentando poner un poco de sosiego y orden en el encrespado y revuelto ambiente ideológico de España, aportaré unas cuantas ideas que, si no resuelvan, sirven al menos para enmarcar el problema en unos límites lógicos.
En los países democráticos existe un ámbito político desde donde emanan, con garantías y un procedimiento formal, las normas que rigen al convivencia (la Ley). Pero ese ámbito no agota toda la vida social. Existe lo que, con un expresión de límites indefinidos, llamamos “sociedad civil”.
La sociedad civil tiene sus propios valores y tendencias dentro de la pluralidad. Tiene que respetar las normas que emanan del Estado establecido, pero estas normas no agotan su comportamiento, sus modos, su moral. Esto, que nos parece de un evidencia aplastante, sin embargo no ha sido la regla, sino la excepción en la historia de la humanidad. Se da de una forma reciente en los países de democracia consolidada y, en los demás y en los otros tiempos, el poder del Estado ha sido omnímodo y único, ha sido, simplemente, el Poder.
En virtud de esta necesaria autonomía de la sociedad civil, no sólo la Iglesia católica tiene derecho a protestar contra la ley del aborto (como también lo tienen los abortistas, aunque este derecho no altere la universalidad y el imperativo moral de la norma), sino que ese derecho es el ámbito libre, autónomo de la injerencia estatal que constituye el espacio de la sociedad democrática. Desde este espacio autónomo la Iglesia expone y defiende sus propuestas y trata de influir legítimamente en el otro ámbito, el estatal. Ahora bien (aquí reside el matiz que determina todo lo demás), intenta influir, pero no suplantar. El espacio de lo público también tiene su autonomía, aunque esté sujeto a las normas morales universales. La Iglesia y los demás grupos de la sociedad civil protestan, presionan, proponen, pero no legislan. Es más: ni lo pretenden; si quieren hacerlo, saben que tienen que seguir los procedimientos adecuados.
El fundamento de esta realidad social es la, tantas veces citada y poco comprendida, autonomía de las realidades temporales. Cada realidad -los grupos religiosos, la familia, la ciencia…- posee su propia dinámica, funciona con sus reglas y actúa con autonomía. La religión no decide en el ámbito de la ciencia ni el Estado en el ámbito de vida familiar. Este concepto, que algunos piensan que parte del Concilio Vaticano II (el Concilio, en realidad, no inventa ni puede inventar nada), está presente en toda la historia del Cristianismo desde sus orígenes. Las religiones anteriores se dan como religiones de una comunidad, de una cultura y regula todos los aspectos de la vida social, desde la política hasta la familia, desde el trabajo hasta los hábitos alimenticios. El Cristianismo, por el contrario, nace con vocación de universalidad; es un revelación a todo hombre -esclavo y gentil, libre y esclavo dice Pablo- y establece distancias con el poder. No quiere decir esto que, en su larga historia, no constituya un poder él mismo, no se contamine de los más negativo de lo “temporal” y no entre en conflicto con el poder del Estado, incluso antes de que surja lo que conocemos por Estado moderno. Sin embargo, tanta contaminación nunca deviene en identificación.
En esta idea de la autonomía de las realidades temporales hunde sus raíces la sociedad democrática. Quien niegue la posibilidad de libertad a las realidades civiles (lo que no es Estado) no es que tome partido en el debate ideológico en el lugar equivocado, es que niega la posibilidad misma de este debate al negar su valores fundantes; valores que no tienen que ser primariamente religiosos, pero que van unidos desde sus orígenes al Cristianismo.
