Alzarse contra la injusticia funciona
La primavera árabe, el 15M en España, las protestas en Ucrania, el levantamiento del barrio de Gamonal en Burgos, la plataforma antidesahucios, la marea verde contra la nueva ley educativa,… los ciudadanos van tomando sus propios cauces de participación y a la vez de control de las decisiones políticas. Empiezan a ser tenidos en cuenta por unos dirigentes que hasta ahora las consideraban como un simple derecho al pataleo sin consecuencias y alejadas de la violencia de otros países.
En 2013 España registró una media de 27 manifestaciones diarias. Sólo en Madrid la cifra se sitúa muy cercana a las 4.000 marchas de protesta. La inmensa mayoría tan sólo consiguió hacer ruido en la calle y en los medios de comunicación, pero hay dos excepciones recientes; una, el barrio de Gamonal en Burgos, donde a pesar de la violencia condenable, la protesta logró hacer desistir de una obra municipal que iba a costar 8 millones de euros y, la segunda, la marea blanca, el personal de la sanidad pública madrileña que, con sus marchas y una decisión judicial, ha conseguido dejar sin efecto el plan de externalización sanitaria que pretendía la Comunidad de Madrid.
Este segundo caso es digno de análisis desde muchos prismas: la privatización de seis hospitales públicos de Madrid y de un 10% de los centros de salud fue el primer gran anuncio político de Ignacio González, que heredó, sin elecciones, la presidencia de la Comunidad tras el abandono de Esperanza Aguirre. A finales de octubre de 2012 el propio presidente de la Comunidad y el consejero de Sanidad, que ha dimitido al ver fracasado su proyecto, hicieron pública la medida, justificándola como la única vía para hacer sostenible el sistema público de salud, un servicio que representa el 45% del gasto en los presupuestos autonómicos.
Foto: Fernando Jiménez Briz
Los políticos defendían que el gasto sanitario per cápita de estos hospitales es de 600 euros y la externalización lo reduciría a 441. Sin embargo, un estudio realizado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) demostró que el gasto no es de 600 euros, sino de 347, un coste inferior que con la privatización.
A partir de ese momento, la implicación de los sanitarios en las reivindicaciones, su organización, la visibilidad que dieron al problema, su compromiso no sólo con concentraciones pacíficas, marchas, dimisiones y jornadas de huelga, sino también con la explicación del problema a los ciudadanos, la recogida de más de un millón de firmas y la lucha de forma paralela en los tribunales con diversos recursos ha conseguido que la justicia mantenga la medida cautelar de suspensión del proceso de privatización a la espera de sentencia, lo que al final ha sido más que clarificador de la victoria de la sociedad frente a la sinrazón política.
Falta ver ahora las consecuencias de esta suspensión, los daños y perjuicios para las empresas que ya habían adelantado una fianza por 10 años de concesión… pero se ha demostrado que un informe técnico de once folios, sí once, no puede justificar una privatización, que una medida de tal magnitud no puede presentarse por sorpresa, por meros criterios políticos y austeridad económica y sin ir previamente en ningún programa electoral ni ser debatida con los sectores afectados.
Ha quedado claro, una vez más, que la obsesión de la clase política por perpetuarse en el poder con la captación de votos con grandes obras faraónicas que a medio plazo resultan una bancarrota para las arcas públicas es ilimitada. Tanto, que en este caso concreto, donde ha habido vencedores (la sanidad pública, los sanitarios y los ciudadanos) y vencidos (los políticos), en el anuncio de la renuncia a la privatización sanitaria y la dimisión del consejero, las palabras del presidente madrileño volvieron a sonar alejadas de la realidad con un “esto no es un fracaso, simplemente se ha abierto un debate”.
Bendito debate, darnos cuenta de que la soberanía reside en el pueblo y que con razón y argumentos, las protestas, en la calle y por vía judicial, obtienen resultados en democracia, porque igual que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, las normas políticas amparadas en las mayorías de las urnas no siempre son justas ni legales.
