El secuestro de un atunero español se complica por imprudencia, temeridad, irregularidades en materia pesquera y de la irresponsabilidad de algunos medios y partidos políticos. A esto se suman los vacíos jurídicos internacionales.
El secuestro de un atunero vasco por parte de piratas somalíes mantiene la atención de los medios de comunicación en España desde hace mes y medio. Cuando todo haya pasado y en espera de que los marineros españoles vuelvan con vida a sus familias, estos medios tendrán que cuestionar la piratería y cuestiones relativas a la actividad pesquera nacional desde otras perspectivas.
Podrían comenzar por el nacionalismo excluyente que destilan los telediarios, preguntando por qué sólo 16 tripulantes de los 36 del Alakrana son españoles; hay dos malayos, tres senegaleses, cuatro ghaneses, dos marfileños, ocho indonesios y uno de las Islas Seychelles. Habrá que preguntarse también por las condiciones laborales de los tripulantes que no son nacionales y el tipo de contratos que tienen.
También podrían comentar sobre la cantidad de buques, aunque no es el caso del Alakrana, que obtienen el pabellón de complacencia. Es decir, la matrícula en otros Estados para beneficiarse en materia fiscal, jurídica y comercial. Si el Alakrana tuviera su pabellón en Seychelles, el ejército español no habría podido capturar a los piratas en aguas internacionales.
La irresponsabilidad informativa se disparó con unas imágenes de los secuestradores que sacaban a algunos de los tripulantes a la cubierta, encañonados por metralletas. Los medios de desinformación se convirtieron en correas de transmisión de familias «indignadas con el Gobierno», a las que los pescadores secuestrados habían pedido «que hicieran todo el ruido que pudieran en los medios de comunicación», algo contrario a lo recomendado en casos de secuestro. Al sumarse a esta campaña de ruido, el principal partido de la oposición en España demuestra que sus intereses están más en la intención de voto que en su contribución en solucionar problemas de la sociedad.
Hasta hace unos días, acusaban al Gobierno de pasividad y desidia, y le exigían que asumiera su «responsabilidad» de resolver el secuestro. Una responsabilidad discutible para una actividad comercial privada que, en el momento de que los piratas apresaran el barco, se llevaba a cabo a 300 millas de la zona de seguridad que marcó la Unión Europea para la Operación Atalanta.
Después de algunos llamamientos a la prudencia y a la unidad, el presidente Zapatero recibía a los familiares de los españoles secuestrados. El silencio de las familias a partir de ese día contrasta con sus exigencias y amenazas de días antes.
Además de los dos millones de dólares que al parecer piden los secuestradores, exigen la liberación de los dos piratas que capturó una fragata española y que fueron trasladados a territorio español para su enjuiciamiento. La Audiencia Nacional acelera la instrucción de la causa con el fin de reunir los elementos suficientes para juzgar cuanto antes a los piratas. Una vez juzgados, podrían ser trasladados a Somalia para cumplir la condena impuesta en España.
Á‰sta no parecería una solución estrafalaria si el Gobierno somalí tuviera control efectivo sobre su territorio y población y capacidad real para hacer cumplir una condena. Por muy estrambótica que sea, el Gobierno apostará por esta vía para retomar las negociaciones con los secuestradores, coordinadas por despachos de abogados en Londres y por el embajador de España en Kenia.
Más descabellada aún parece la fórmula que algunos armadores, secundados por políticos y medios de comunicación irresponsables, han propuesto para un debate paralelo durante este mes y medio a nivel nacional. Proponen que soldados del ejército español se incorporen a las tripulaciones de pesqueros que faenan en aguas somalíes, pues sostienen que la responsabilidad de proteger recae en el ejército nacional. De seguir por ese camino, el Banco Santander, Repsol y las empresas españolas en el extranjero exigirán la misma protección pagada con los impuestos de los ciudadanos.
Nadie defiende las actividades delictivas en altamar, sean de piratas somalíes o de empresas trasnacionales que vierten tóxicos o esquilman las aguas. Pero la confusión y el desenlace de este secuestro se alimentan de la imprudencia y la temeridad, de irregularidades en materia comercial pesquera y de la irresponsabilidad de algunos medios y partidos políticos. Pero sobre todo, de la responsabilidad radical de los armadores que envían barcos y tripulaciones a zonas de conflicto, movidos por el ansia de enormes beneficios a costa de esquilar los caladeros.
