De austeridad, derechos y pillajes
En España ya hay 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. Cuatro de cada diez familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos y tienen dificultades para pagar facturas.
Foto: Mataparda
Esa situación tiene mucho que ver con la austeridad presupuestaria impuesta. Los recortes. Una austeridad que pretenden justificar porque esos “recortes dolorosos” son para “ahorrar” para reducir el déficit. Pero el Gobierno del Reino de España recorta, sí, pero no ahorra. Gasta más que el año pasado. En agosto el déficit público ya subía a 48.000 millones de euros; 8.400 millones más que el déficit autorizado por la Unión Europea para todo el año.
Joan Arnau nos desvela que las subvenciones del gobierno a las empresas eléctricas han aumentado ¡un 28%! Y el pago de intereses de la deuda ha subido más de un 9%. Se recorta sanidad, educación, sueldos, prestaciones a parados, ahora las pensiones… Y al mismo tiempo se dan miles de millones de dinero público a la banca. Dice Arnau que es el atraco perfecto.
¿Cuánto dinero público, de la ciudadanía que paga impuestos, es para los bancos? El Banco de España ha informado que las ayudas públicas a bancos y cajas de ahorros de 2009 a 2013 fueron 61.366 millones de euros. Pero esa cifra no incluye otras ayudas como avales, compra de activos tóxicos… Según el economista Carlos Sánchez Mato, a finales de 2012 el sector financiero español había recibido ya más de 632.000 millones de euros de ayudas públicas. En esa astronómica cantidad se incluyen también los grandes préstamos a bajísimo interés del Banco Central Europeo, que también provienen de los impuestos de la ciudadanía. Un dineral.
La austeridad no asegura reducir el déficit sino el descenso de actividad económica y es una vía hacia la recesión. No es problema propio de España ni siquiera sólo de Europa. Según un estudio de la británica Jubilee Debt Campaign, Jamaica, Pakistán, Filipinas, El Salvador, Irlanda y Grecia dedican más de la quinta parte de sus ingresos a pagar intereses de la deuda. Y un informe elaborado por Isabel Ortiz y Mathew Cummins descubre que de 2010 a 2012, 98 gobiernos de otros tantos países rebajaron salarios públicos y presupuestos de sanidad y educación. En 86 países además rebajaron las pensiones y en 32 se hizo el despido más fácil y barato, además de aumentar el IVA sobre productos básicos en 94 países, lo que supone un aumento de precios.
El informe de Intermón Oxfam, La trampa de la austeridad denuncia que “si continúan las medidas de austeridad, en 2025 habrá de 15 a 25 millones de europeos más que serán pobres”. Oxfam afirma además que “hay semejanzas claras entre los programas europeos de austeridad y las ruinosas políticas de ajuste estructural impuestas a América Latina, Este Asiático y África subsahariana de 1980 a final de los noventa”, con los nefastos resultados conocidos. Se repite la historia.
No nos engañemos, la austeridad tiene como fin principal desmontar el Estado social y pagar a los bancos. Ahora el Consejo de Europa (creado en 1949 por una Europa basada en la democracia y los derechos humanos) ha publicado un informe sobre España donde denuncia de forma explícita que una excesiva austeridad viola los derechos humanos y “los recortes en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido a un preocupante aumento de la pobreza de las familias en España”.
Bajo el paraguas de la austeridad, la ciudadanía sufre un saqueo incesante de sus bienes y rentas; una sistemática violación de sus derechos. Pero además pretenden que comulguemos con ruedas de molino al presentarnos esa rapiña como algo inevitable. Como rayos en una tormenta o el sabor salado del agua de mar.
Pero es falso.
Esta austeridad destructora no es más que una versión sofisticada y elaborada de un atraco a gran escala, un robo vulgar masivo o un pillaje organizado. Un saqueo evidente de las rentas de las clases trabajadoras desviadas hacia el capital y los capitalistas.
O sea que menos falacias sobre la necesidad y lo inevitable de las políticas de austeridad perpetradas. Los atracos, robos, pillajes y saqueos son crímenes muy graves y no hay presunta necesidad que valga que los justifique.
