Rescate bancario: Mentiras y Estafa
Los medios de comunicación mayoritarios, propiedad de bancos y grandes corporaciones, transmiten el machacón mensaje de que es imprescindible que rescatemos a los bancos con dinero público, es decir, con nuestras pensiones, nuestra sanidad y la educación de nuestros hijos. Auguran una serie de desgracias sin fin en caso contrario. Lo peor es que la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento han asumido esta tesis. Incluso algunos de los que se autodenominan “progresistas” defienden a cualquier precio que “las deudas se pagan” y que “las leyes están para cumplirlas”, pretendiendo que el que se oponga a estas tesis es un ácrata antisistema o un izquierdista radical.
Olvidan intencionalmente decir que cada uno paga sus deudas y no las de los demás y que gracias a que los que se opusieron al apartheid se acabó este sistema en Sudáfrica, gracias a los que se enfrentaron a la esclavitud ésta se abolió y gracias a los que defendieron los derechos de las mujeres ahora tenemos igualdad legal, entre otros. Todos ellos fueron ilegales en su momento; todos ellos se opusieron a leyes que serían legales pero manifiestamente injustas. No hay que olvidar que las leyes las hacen grupos privilegiados en momentos históricos concretos, y que no han sido escritas por ningún dios en ninguna tabla de mandamientos. No me vale el argumento de que las leyes las redacta el Parlamento, porque en España la democracia participativa se termina el día de las elecciones y si te he visto no me acuerdo hasta dentro de cuatro años. Lo que es injusto es injusto, lo escriba quien lo escriba.
Rescatar bancos con dinero público no sólo es injusto sino que el argumento de que perderían los pequeños depositantes es una falacia. La ley dispone que los últimos en cobrar serán aquellos que más riesgo hayan contraído en sus operaciones con el banco, y cobrarán primero aquellos que menos riesgo hayan asumido. Este criterio es lógico, porque cuanto mayor riesgo existe más dinero se puede ganar, pero también más dinero se puede perder.
El orden legal establece que los primeros en asumir pérdidas serán los Accionistas (las acciones son un elemento de inversión que genera mucha rentabilidad si el banco evoluciona bien y mucho riesgo si funciona mal). Los segundos en asumir pérdidas serán los Bonos Subordinados, luego los Bonos No garantizados, en cuarto lugar los Depósitos de Clientes (ciudadanos que no han asumido riesgos ni ganado mucho dinero) y los últimos en asumir riesgos los Bonos Garantizados. A la hora de cobrar en caso de liquidación, el orden es inverso.
La única forma de que el banco no pudiese devolver su dinero a los pequeños ahorradores de depósitos sería si las pérdidas del banco a su liquidación fuesen tan grandes como para que no pudieran ser absorbidas por los accionistas, por los propietarios de bonos subordinados y por los poseedores de bonos no garantizados. Es decir, por los que han asumido riesgos y han ganado dinero cuando las cosas iban bien.
Se han hecho cálculos sobre cuánto dinero tendrían que perder los bancos para que los pequeños ahorradores se quedasen sin cobrar en caso de liquidación. En las estimaciones mas negativas, los accionistas, los poseedores de bonos subordinados y de bonos no garantizados podrían absorber hasta 700.000 millones, muy por encima de los 300.000 millones en que se estiman las pérdidas reales.
En otras palabras, es mentira que los pequeños depositantes perderían su dinero si el Estado no rescatase a los bancos con dinero público; lo perderían los que arriesgaron mas y ganaron más cuando las cosas iban bien.
Dejar caer a los bancos siempre va a tener un coste, pero rescatando bancos con dinero público ese coste recae únicamente sobre los que menos tienen, menos arriesgaron, menos han ganado en época de vacas gordas y menos colchón tienen para hacer frente a la crisis.
Rescatar bancos con el dinero y los servicios de los que menos tienen no sólo es una injusticia social sino que revela la estrecha relación entre los poderes fácticos económicos y las élites políticas, que se sustentan recíprocamente. Una estafa con todas las letras que políticos, muchos medios de comunicación y algunos integristas de la ley defienden a capa y espada.
