Camps y Costas
Cuando uno lee o escucha que tanto el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aún gozan del privilegio de poder prestar declaración ante el juez, el primero por tener que desplazarse el juez José Castro, a Valencia para que declarase ante él por el caso Urdangarín, y la segunda declarar por escrito ante la justicia por el caso GÁ¼rtel, uno no entiende por qué estos privilegios que ni tan siquiera deberían disfrutar de ellos estando ejerciendo la presidencia de su comunidad, siguen gozando de ellos, máxime cuando su gestión ha sido propia de manirrotos despilfarradores que han dejado a sus comunidades en el caos económico más espantoso, pero ni se les han exigido responsabilidades y además siguen siendo tratados, inmerecidamente, con la misma deferencia que estando ocupando un cargo que jamás, por el bien de todos, deberían haber ostentado.
En el caso de la Comunidad Valenciana su deuda, en el tercer trimestre del año, es de más de 30.000 millones de euros y en el de la madrileña es del orden de los 24.000 millones.
Es sabido por todos que su desastrosa gestión y en lo que concierne a la Comunidad Valenciana, ha desembocado en una situación económica que ha llevado al extremo de que la Consellería de Bienestar Social obligue a pagar a los discapacitados que acuden a centros ocupaciones y de día 700 euros mensuales, por catorce pagas, si siguen asistiendo es estas prestaciones sociales, algo que sus familias no se pueden permitir, cuando estos servicios se contemplan en la Ley de Dependencia. Asimismo y en lo que respecta a los usuarios de los geriátricos, estos pasan hasta 13 horas acostados por falta de personal y vigilancia. En cuanto a las ayudas al transporte escolar y comedor son prácticamente inexistente y las que se conceden no cubren su costo por lo que las familias tienen que hacerse cargo de completar el precio real de estos servicios. En lo que concierne al copago de los medicamentos por parte de los enfermos crónicos, señalar que la Generalitat Valenciana debe más de cinco millones de euros a estos pacientes que nadie sabe cuándo serán resarcidos. Esto es solo una pequeña muestra de la ruina económica en que se halla la Comunidad Valenciana, por esa política manirrota y despilfarradora que antes he citado. No voy a señalar las obras faraónicas e innecesarias que se han llevado a cabo durante la época de Zaplana y Camps al frente del Gobierno Valenciano, pero si quiere señalar que Camps se gastó 300 millones de euros en cinco años con su capricho de la Fórmula 1. Con este dinero se podrían haber cubierto algunas de las necesidades antes mencionadas.
No a esta gente, a estos irresponsables, que no han sabido marcar prioridades y han maltratado el dinero de los contribuyentes en caprichos totalmente innecesarios no se les debe conceder privilegio alguno. Se merecen la cárcel, que por cierto ahora que se ha revisado el Código Penal se deberían haber fijado duras penas para estos descerebrados incompetentes a más de que les sean retirados los emolumentos que siguen percibiendo por el cargo que en su día tan inmerecida como fatalmente ocuparon.
