La imagen del Tribunal Constitucional está muy deteriorada. Las causas de su situación se refieren, especialmente, a la aparente politización del órgano y a su lentitud para terminar los procesos de inconstitucionalidad y de amparo, que deberían tramitarse de forma más ágil.
Por la iniciativa de Ciudadanos, se van a realizar trabajos parlamentarios destinados expresamente a reformar la Ley Orgánica 2/1979 para conseguir la despolitización del Tribunal Constitucional y el incremento de su eficiencia con la finalidad de lograr que los procesos que se desarrollan ante ese órgano se terminen más rápidamente. La idea es muy buena, pero hay algunos problemas.
La configuración de la normativa actual permite fácilmente la incidencia de los intereses de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. El artículo 159.1 de la Constitución Española establece que “El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.
El PP y el PSOE no se han opuesto a Ciudadanos en lo que afecta al Tribunal Constitucional, pero han criticado que se cuestione la legitimidad del órgano en una época con circunstancias tan complicadas que se deben al desafío independentista catalán. De esa manera, se puede deducir cuáles son las intenciones que existen en los dos partidos políticos con mayor representación parlamentaria.
Era preferible aceptar con poco ruido la idea de Ciudadanos, sabiendo perfectamente que la misma se podrá diluir en el tiempo, antes que permitir que se produjera un debate con relevancia mediática que pudiera perjudicar la imagen del Tribunal Constitucional. Con el paso de los meses y con la elaboración de los sucesivos trabajos parlamentarios, se podrá terminar bloqueando una reforma del supremo intérprete de la Constitución Española que no parece muy deseada por el PP y por el PSOE, según se puede comprender atendiendo a las circunstancias.
Desgraciadamente, el acto parlamentario de Ciudadanos para mejorar el régimen jurídico del Tribunal Constitucional va a convertirse en una simple muestra de buenas intenciones, pasando a formar parte de una triste colección. Será así por el bien de unos pocos.
Diego Fierro Rodríguez.
