Los tratamientos habituales para evitar que la infección avance en una persona con VIH se basan en la llamada terapia de gran actividad; mediante esta estrategia, la combinación de fármacos antirretrovirales disminuye la replicación del virus. Estos medicamentos sólo los dispensan los servicios de farmacia hospitalaria. No existe ningún canal alternativo que permita a un paciente comprar los fármacos fundamentales para impedir el desarrollo del sida. No se trata sólo de dinero.
Rosa lleva casi siete años en España. Procede de Guinea Ecuatorial, colonia española hasta 1968 y donde el castellano sigue siendo idioma oficial. En la antigua metrópoli, Rosa es considerada una “sin papeles”. En 2008, unos análisis de sangre detectaron que tenía VIH. No ha desarrollado el sida, aunque debe someterse a pruebas periódicas para comprobar que el virus no avanza. Su médico quiere seguir tratándola a pesar de que, dentro de unas semanas, perderá la tarjeta sanitaria.
“Si mi médico le pide al hospital un análisis de sangre para ver cómo estoy, sé que no me lo podrán hacer por no tener papeles. Estoy angustiada, no sé qué va a pasar”, lamenta Rosa.
Chaouki nació en Túnez y, como Rosa, tiene VIH. Lo sabe desde 1996. No tiene trabajo y ha perdido el permiso de residencia por esta razón. El tratamiento con antirretrovirales que impide la proliferación del virus cuesta 850 euros. Chaouki toma cuatro pastillas diarias.
La reforma sanitaria va a dejar sin atención y sin acceso a los fármacos antirretrovirales a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Esta medida tendrá consecuencias muy negativas para su salud y su pronóstico empeorará gravemente.
Pero además, tendrá consecuencias para la salud de toda la población. Según la revista Science, el descubrimiento científico más importante del año 2011 fue el estudio que prueba que el tratamiento del VIH es una poderosa herramienta de prevención. Sabemos que tratar a todas las personas con VIH evita la expansión del VIH y es una de las claves para acabar con la epidemia.
Si no lo evitamos, los responsables del Gobierno y del Ministerio de Sanidad pueden provocar, vía Real Decreto, que miles de personas se queden sin tratamiento ni seguimiento del VIH, contribuyendo con ello a la expansión de una epidemia con enormes costes personales, sociales y económicos. Demasiados costes para un país en crisis.
Miles de personas han firmado ya la petición lanzada por Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge dirigida a las Comunidades Autónomas para que no apliquen un apartheid sanitario que pone en riesgo el futuro de miles de personas.
Tomás Hernández, ex secretario del Plan Nacional sobre el Sida y Guillermo Algar de Médicos del Mundo
